Opinion | 16 Jun Por 49 votos a favor en 71, la Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas una interpelación a los ministros de Industria, Energía y Minería, Turismo y Deporte, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a efectos de que transmitan al Parlamento información sobre la instalación de la minera Aratirí en Uruguay, un megaproyecto a cielo abierto que pretende instalarse en el centro del país, y que ha generado fuerte controversia, por cierto.
La inversión total es de más de 2.500 millones de dólares para la extracción de hierro, la construcción de un mineroducto y una terminal portuaria, pero más allá del emprendimiento en sí, existen fuertes cuestionamientos de carácter medioambiental directos e indirectos, e incluso la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) formuló varias observaciones al estudio de impacto ambiental que fue presentado.
Pero claro, hay un contexto general que debe tenerse en cuenta, además de consideraciones de carácter político y objetivos que no deben perderse de vista, si tenemos en cuenta que la promoción de inversiones es uno de los grandes desafíos para el Uruguay, inmerso en una región con inmensos recursos naturales que hasta ahora han sido inexplotados total o parcialmente, y también a veces objeto de predación por intereses que se han instalado por encima de los países y los pueblos del Cono Sur en aras de una rentabilidad rápida y desmedida.
Ergo, un país necesita no solo explotar sus recursos naturales, sino sobre todo hacerlo en forma racional y en el marco de una visión estratégica de desarrollo, que debe tener presente no solo el monto global de la inversión, sino también la parte de incorporación de valor agregado a la materia prima que se pretende explotar, que generalmente se hace en los países hacia los que se destinan las materias primas y nos revenden los productos terminados a muy alto precio.
Ello explica que debe evaluarse cuidadosamente la relación costo-beneficio, en la que deben incluirse los correspondientes estudios de impacto medioambiental, pese a que aparecen propuestas como las de Aratirí, por unos 2.500 millones de dólares, que conllevan el riesgo de afectar el ecosistema o perjudicar la calidad de explotaciones instaladas desde hace tiempo en el país. El Uruguay desde siempre ha sido de base agropecuaria y por lo tanto existe una marcada inclinación por descartar acciones que puedan afectar recursos, tomando sobre todo como ejemplo situaciones que se dan en otros países en que las riquezas naturales han sido depredadas sin conciencia ambiental, con serias consecuencias para el ecosistema.
El proyecto de explotación minera a cielo abierto de la empresa Aratirí en el departamento de Durazno ha despertado justificadas protestas de productores y vecinos de la zona, que se sienten directamente perjudicados por este emprendimiento en ciernes, que no se limita a la extracción de hierro en un lugar más o menos apartado, desde que la infraestructura y logística de apoyo implica asimismo afectar otros recursos del país, y no menos importantes, por cierto.
Por lo pronto, cientos de productores del lugar consideran que el emprendimiento minero sería funesto para sus explotaciones, y por su lado vecinos del balneario La Paloma se oponen al puerto de aguas profundas que construiría la empresa minera para la exportación del mineral de hierro extraído, teniendo en cuenta sus adversos efectos sobre vastas áreas turísticas que captan miles de visitantes de una amplia región del subcontinente.
Este tipo de explotaciones entrañan además un alto grado de potencial contaminación ante la elevada escala de extracción, y obligaría entre otros aspectos a la desviación definitiva de varios cursos de agua, caminos vecinales y rutas nacionales, en tanto causaría la destrucción de amplias áreas de suelo, con un negativo impacto económico, social y ambiental de un puerto específico para la exportación en La Paloma.
Al fin de cuentas, lo que quedará para el país a medida que avance la explotación sería un gran agujero, de miles de hectáreas, en medio de un área productiva y turística, con un beneficio económico muy restringido, en el mejor de los casos, y seguramente superado por los perjuicios en turismo y emprendimientos productivos tras la ponderación del caso.
Debe tenerse presente que el emprendimiento afectará directamente unas 120.000 hectáreas, para explotar el mineral de hierro en unas 12.000, para lo que ya la empresa ha volcado unos 85 millones de dólares, con la expectativa de alcanzar la inversión global del orden de los 2.500 millones de dólares. Pero en términos de impacto, si bien se trata de una inversión que a primera vista aparece como de gran magnitud, refiere fundamentalmente a equipamiento que se importará con fines extractivos, y que una vez en marcha no tiene el grado de sustentabilidad que debería tener toda actividad productiva, sino que al fin de cuentas se trata de la extracción de un recurso natural que dejará un mínimo desarrollo tecnológico tras la extracción anual de unos diez millones de toneladas de hierro.
Y si hubo apresuramiento del gobierno, encandilado por la magnitud global de la inversión, no es tarde para revisar el proceso, que es de esperar quede claro en la interpelación en ciernes a los ministros con competencia en el tema, a falta de mayor información a efectos de adoptar una decisión final que en mayor o menor medida afectará a todos los uruguayos. Esperamos que para bien.