Opinion | 23 Jun Después de aplicar medidas de protesta desde hace tres meses y suspender la emisión de ciertos documentos, como las partidas de nacimiento y defunción, en la víspera volvieron a funcionar esos servicios en Montevideo ya que el gremio de funcionarios registrales atenuó su protesta.
Según informaron medios capitalinos, la decisión es bienvenida porque hace que no peligre la expedición de los permisos de menor para viajar --para los cuales ahora se exige partida de nacimiento además de libreta de matrimonio-- en un momento en que se aguarda un aumento de la demanda por la proximidad de las vacaciones de julio, período en que muchas familias salen del país a hacer turismo.
También se reinició la inscripción de los niños en todos los hospitales, algo que preocupaba especialmente por las derivaciones que podían tener para la inscripción de los bebés en el sistema de salud, para el cual se necesita partida y cédula de identidad. Puntualmente, este tema fue motivo de un planteo en el Parlamento y una solicitud de informes a las autoridades competentes.
Lo que no se ha normalizado aún es la inscripción de casamientos y cada día unas treinta parejas ven frustrada esa intención. Según se informó, si no hay una solución al conflicto no habrá más casamientos desde los primeros días de julio.
El eje del conflicto es el pago de una diferencia salarial desde 2009. Ahora, la Dirección del Registro Civil pidió a los jefes de sección que estudien el perjuicio que tuvo el organismo en la aplicación de las medidas sindicales, pero todavía no se ha comunicado ninguna resolución a los trabajadores. En tanto, comenzaron a circular versiones de descuentos por la medida gremial y los funcionarios dicen que ellos no se harán cargo de las pérdidas, mientras reclaman que no se les aplique descuento porque aseguran que en estos tres meses --salvo un día de paro general-- marcaron tarjeta y realizaron “trabajo interno”.
Independientemente de cómo quede zanjado ese asunto, lo que resulta claro que una vez más es la población quien debe pagar por los platos rotos de un conflicto que atañe a intereses muy sectoriales, en una clara “argentinización” de los sindicatos. Evidentemente hubo un servicio público que no se prestó o se prestó distorsionado, por decisión gremial. Aunque es justo que a los funcionarios se les adeude diferencias salariales comprometidas, tampoco lo es perjudicar de esta manera a la población. Iniciar medidas que afectan a la población y mantenerla por tres meses y luego pedir algo así como inmunidad, realmente es poco serio. Y desprestigia al movimiento sindical frente a los ojos del ciudadano común que, en definitiva es quien les paga sus sueldos como contribuyente y siempre resulta rehén de situaciones como éstas.