Opinion | 23 Jun Tardó demasiado en reconocerse por el gobierno que en el Uruguay hay un grave problema de inseguridad, y mucho más aún actuar en consecuencia, con tímidos pasos que hasta ahora han resultado insuficientes ante la magnitud del problema.
Pero incluso a esta altura de los acontecimientos sigue manifestándose reticencia en sectores de la fuerza de gobierno en asumir plenamente la gravedad del tema, que además ha dejado de ser solo un estigma de los grandes centros urbanos, desde que la ola delictiva, sobre todo con menores como protagonistas, se ha trasladado a prácticamente todo centro poblado del país, incluyendo aquellos en los que hasta hace pocos años todo el mundo dejaba la puerta abierta, hasta en horas de la noche.
Durante mucho tiempo, además, primó el criterio de que en “pueblo chico todos nos conocemos” como una barrera prácticamente infranqueable para que pudiera actuar a sus anchas la delincuencia, pero la realidad ha desbordado esta creencia y nos encontramos con que los robos y los hechos de sangre se han universalizado, lamentablemente. Y pese a que todo el mundo se conoce, un día sí y otro también se suceden los robos y las agresiones tanto en ciudad como en localidades del interior departamental, donde hay ladrones identificados, sobre todo menores infractores, que siguen olímpicamente en sus trece, y que tras ser capturados o retenidos, vuelven a las andanzas al poco tiempo como si no hubiera pasado nada.
Este escenario a la vez se ha trasladado al medio rural, como si no bastara con la muestra, y nos encontramos con que los abigeatos, los robos a establecimientos de campaña y las carneadas clandestinas son cosas de todos los días, sin que se haya atendido con la debida disposición el reclamo cada vez más acuciante de los residentes en campaña.
Ante esta realidad, la asesora jurídica de la Federación Rural, Fernanda Maldonado, subrayó recientemente que “hay un incremento de la inseguridad en la campaña”, que lleva a los productores “a tomar medidas”, y dijo que “los productores agropecuarios se están armando para defenderse”. En Paysandú, en tanto, “cada vez tenemos más quejas, fundamentalmente en las cercanías de los pueblos”, según manifestó el presidente de la Asociación Rural de Paysandú, Eduardo Filliol.
El dirigente gremial señaló que la Rural local “está haciendo un relevamiento de la situación en el interior departamental”, y que entre otros aspectos, a la presencia “cada vez más importante de perros sueltos, se suma la preocupación de productores cercanos a diferentes pueblos que ven menguada su majada por los diferentes robos”.
Esto ha llevado, incluso, a que en zonas cercanas a diversas localidades “ya no exista prácticamente la oveja, porque los productores han decidido dejar de criarlas”, aunque “también se faenan vacunos y en algunos casos no son simples robos, sino gente que está organizada”.
Este es precisamente el punto, porque no estamos ante casos que en otros tiempos se daban con cierta frecuencia, protagonizados por personas que aunque cometían el delito de carnear ganado ajeno en los campos, lo hacían para consumo propio y en forma muy esporádica.
De un tiempo a esta parte, todo indica que estamos ante bandas o acciones concertadas de delincuentes que en gran medida han adoptado estos operativos como un modus vivendi, y lo que es peor aún, con escaso eco de la autoridad policial en resultados positivos para aprehender a los culpables, y encina, cuando ello se logra, los jueces no actúan con la rigurosidad que debe esperarse ante los delincuentes.
Filliol precisó al respecto que “el desánimo es general. Nos han comentado que tras la denuncia y captura del ladrón, éstos salen antes que el denunciante del juzgado y por eso ya no hacen nada ante la situación”. De todas formas, indicó que la asesora jurídica Fernanda Maldonado “está trabajando mucho para que deje de ser un delito común y pase a ser calificado”.
Incluso la gremial aguarda que este sábado en su asamblea se haga presente el jefe de Policía para que informe a los participantes sobre la forma en que se viene combatiendo el abigeato en el departamento, aunque debe tenerse presente que este no es el único delito que ocurre en la campaña, desde que se han registrado copamientos, robos, daños contra cercas, además del riesgo sanitario generado por el contrabando de animales de países vecinos y receptación de animales o de carne robada.
Y si bien hay una falta crónica de personal policial, y una forma de aplicar la ley en exceso flexible, aparentemente, lo peor que puede ocurrir es que se consolide la tendencia a que los productores empiecen a tomar medidas por cuenta propia, ante el cariz que ha cobrado la situación, por lo que corresponde reparar la omisión de los organismos del Estado que deben actuar en el marco de la ley y sobre todo en defensa de quienes son las víctimas de la delincuencia, para que las cosas no pasen a mayores, cuando el productor percibe que le roban en minutos lo que le ha costado años de trabajo reunir.