Opinion | 22 Jun La emigración desde el campo a las ciudades es un fenómeno que se viene manifestando desde hace décadas en nuestro país, con oscilaciones en cuanto a su intensidad en base a la coyuntura socioeconómica, pero en forma sistemática y en prácticamente todas las áreas rurales del país.
Esta tendencia, que últimamente ha pretendido ser en alguna medida revertida a través de la Ley de Repoblamiento de la Campaña, que tiene sus imperfecciones, es un fenómeno de origen complejo y que por lo tanto requiere también respuestas complejas, desde varios ángulos, que tampoco pueden ser inmediatas y que lamentablemente tampoco tienen garantía plena de éxito, sino que en el mejor de los casos podría tratarse de paliativos a la espera de soluciones de fondo.
También debe evaluarse si realmente se está en condiciones de promover soluciones de fondo, desde que entre las complejidades de este escenario nos encontramos con que la visión, el modo de vida, los objetivos y expectativas de la población rural no son las mismas que las que se tenían hace un siglo o apenas unos lustros, ya que en mayor o menor medida las familias de nuestros campos se han asomado a determinada calidad de vida que –según su percepción-- no están en condiciones de satisfacer si permanecen en el medio rural, y éste es uno de los aspectos sustanciales a tratar de resolver.
En este contexto debemos evaluar la iniciativa multisectorial que se promueve para las poblaciones rurales de Piedra Sola, Arbolito, pueblo El Horno, La Cuchilla, Federación y Ceballos, que son localidades que no superan los 200 habitantes cada una y que están ubicadas en una de las zonas más pobres del departamento de Paysandú desde el punto de vista productivo, en plena Cuchilla de Haedo y sobre basalto. Estas poblaciones, de acuerdo a lo anunciado en las últimas horas, serán atendidas especialmente por un programa que llevan adelante los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Salud Pública y Desarrollo Social, para lo que se dispondrá de 2.400.000 pesos durante un año, financiados por el gobierno y la Unión Europea.
Ello significa que se volcarán unos 800.000 pesos para cada uno de los tres proyectos que se presenten por organizaciones sociales vinculadas a cada zona para desarrollar acciones de salud, producción y de carácter social durante al menos un año. La iniciativa conlleva que cada organización social presentará un diagnóstico de su zona, con metas en los ejes de derechos en salud, desarrollo y capacidad de producción, y los derechos y la red de protección social. De acuerdo a lo manifestado a EL TELEGRAFO por la directora departamental de Salud, Lic. Magdalena Espillar, la acción interministerial se llevará a cabo ante la imposibilidad de que este trabajo pueda encararse en forma aislada por un organismo y por ende “este proyecto es bienvenido porque nos permite construir una articulación en el medio rural”.
El solo hecho de tener disposición e iniciativa para atender zonas olvidadas de nuestro interior profundo es un paso en la buena dirección, teniendo en cuenta las características de nuestras áreas rurales, en un aspecto complementario a la tarea que encaran las mesas de desarrollo rural y la mesa de salud rural. Y por cierto que hay mucho por hacer, desde que lamentablemente esa zona tiene notorias carencias en cuanto a oportunidades para que sus habitantes puedan salir de la situación en que se encuentran, como es el caso de sufrir uno de los mayores índices de pobreza rural, con poblaciones que se van reduciendo y casas abandonadas, cuando los residentes perciben que tienen poco y nada bueno de futuro para hacer en el lugar.
Pero claro, las respuestas que se ensayen para éstas como para tantas otras zonas de nuestra olvidada campaña no resolverán por sí solas esta vasta problemática de pobreza y desesperanza, por cuanto su carácter asistencial y efímero, aun válidas en su intención, no van al fondo de la problemática socioeconómica, que incluye ausencia de herramientas para acceder a oportunidades laborales y de abordar emprendimientos autosostenibles, a la vez de no tener la cercanía de polos productivos como explotaciones forestales, frutícolas, lecheras, agrícolas, que son los que han transformado para bien otras áreas del departamento.
Ello indica que se requerirá entre otros aspectos una ardua labor de apoyo a las mesas de desarrollo rural a través de organismos del Estado para hacer lugar y potenciar inquietudes de las propias organizaciones de productores y vecinos, para establecer objetivos claros y proyectos que tengan sustentabilidad en base a la realidad de cada zona, complementando acciones asistencialistas donde haga falta y con un trabajo sostenido en base a diagnósticos que sirvan de base para proyectos de corto, mediano y largo plazo, con los pies en la tierra.