Opinion | 21 Jun Luego de haberse lanzado al ruedo una serie de temas traídos imprevistamente por el presidente José Mujica tras la frustrada aprobación en el Parlamento de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, incluyendo el nuevo impuesto a la tierra y el anuncio presidencial –aún por definirse-- de la venta de las dunas de la zona del Cabo Polonio, se espera que esta semana queden marcadas las pautas para atacar una problemática que efectivamente debe preocupar a todos los uruguayos, que es el incipiente rebrote inflacionario.
Según los economistas, en toda la región hay un “recalentamiento” de la economía, es decir que una mayor masa de dinero circulando determina un empuje al alza en precios de bienes y servicios, que acompaña aumentos salariales significativos, no menores al porcentaje de inflación y en muchos casos con “recuperación”, que debe salir de algún lado.
Pero no en todos los países este “recalentamiento” tiene el mismo origen, desde que la economía uruguaya presenta por ejemplo características distintas a la Argentina, donde existe una compleja gama de subsidios que tiene maniatada a la economía y no le permite el sinceramiento de precios sin causar efectos traumáticos, incluyendo el abastecimiento de productos de primera necesidad.
En nuestro país la problemática es distinta, porque el sistema es mucho más transparente y en gran medida los precios internacionales se transmiten hacia lo interno, lo que evita que se requiera transferencia de recursos para amortiguar valores, como se hace en la vecina orilla, y donde se llega a una situación en la cual nadie sabe cuanto valen en realidad las cosas.
Pero en Uruguay sin dudas hay un rebrote inflacionario que todavía no ha adquirido niveles peligrosos, aunque sí por encima del tope del rango fijado por las autoridades del equipo económico para el año, que se debe por un lado al crecimiento de la masa de dinero en poder de los consumidores, a lo que se agrega una fuerte tendencia al endeudamiento para el consumo de bienes, todo lo que se conjuga con un dólar depreciado que pone al alcance de un número cada vez más creciente de personas los artículos importados.
Los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay han corroborado que siguen las presiones alcistas de precios, de acuerdo a los datos que corresponden a la primera quincena de junio, así como en los trabajos previos que realizan para el Comité de Coordinación Macroeconómica y para el Comité de Política Monetaria (Copom), según da cuenta El Observador.
Todo indica que las acciones a desarrollarse por el Poder Ejecutivo se referirán nuevamente a incrementar las medidas restrictivas en el área monetaria, es decir apuntando a restringir el circulante que presiona los precios al alza, aunque sin dudas este no es el motivo real o por lo menos no el único para que recrudezca la inflación, aunque puede ser una forma válida para combatirla.
La única medida realmente de fondo y que es eficaz para combatir el aumento de precios es equilibrar la oferta y la demanda, es decir producir mayor cantidad de bienes a menor costo, mejorando la productividad de las empresas y/o abatiendo sus costos. Pero este aspecto no parece estar entre las opciones que maneja el gobierno, simplemente porque el Poder Ejecutivo tiene las manos atadas en materia fiscal, con severos compromisos presupuestales que deben afrontarse con lo que se recauda y aún con endeudamiento, desde que el déficit previsto no es menor al 1,6 por ciento, pese a que ha crecido la economía y consecuentemente la recaudación.
A la vez el dólar depreciado es un ancla para contener los precios, que han seguido subiendo aún en este escenario, y así tenemos inflación en dólares que va minando gradualmente la competitividad de nuestros exportadores.
La inflación es sin dudas un impuesto disfrazado que castiga a los más pobres y a los sectores de ingresos fijos que no tienen opción de remarcar precios ni adaptarse a este esquema por otras vías, por lo que en tren de prioridades, el equipo económico deberá hilar muy fino para tratar de conciliar el crecimiento sostenido con un rango inflacionario lo más discreto posible, lo que involucra decisiones técnicas y políticas que no siempre se pueden atar por el rabo.
Este escenario debe visualizarse no solo en lo inmediato, sino también en el mediano y en el largo plazo, conciliándolo con lo urgente. En todos los casos las miras deben estar puestas, como un aspecto sustancial, en la contención del gasto público exorbitado, que nos asfixia y nos condiciona como país, al empujar los costos de producción y erosionar la ecuación económica de los emprendedores, en lugar de inventar impuestos.