Paysandú, Miércoles 29 de Junio de 2011
Nacionales | 23 Jun El presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori analizaron nuevamente el proyecto de ley sobre impuesto a la tenencia de grandes extensiones de tierra, pero como no hubo una decisión final, seguirán conversando sobre el tema, que quedará para el Consejo de Ministros del próximo lunes.
Mujica y Astori se reunieron para terminar de abordar el proyecto y llegar a un acuerdo. Sin embargo, persisten diferencias entre ambos en cuanto al criterio para cobrar el tributo. Además, todavía no está claro si lo recaudado por el impuesto irá a parar a rentas generales o será destinado a obras de caminería.
Mujica ya definió una escala de pagos para los poseedores de grandes extensiones de tierra: de 2.000 a 5.000 hectáreas pagarán 8 dólares por cada una; de 5.000 hectáreas a 10.000 pagarán 12 dólares; y quienes tengan más de 10.000 hectáreas pagarán 16. Empero, Astori considera que deben pagar más únicamente aquellos que utilicen y rompan las rutas al trasladar sus productos.
Por otra parte, Mujica le dijo al presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, que su propuesta de impuesto a la tierra “no está terminada” y que todavía puede tener modificaciones debido a las pretensiones de Astori. “Lo que me informó el presidente es que terminaban de tratarlo con Astori y que el gobierno seguirá la discusión en el próximo Consejo de Ministros.
Quedaremos pendientes, co-mo la prensa, de las novedades que puedan surgir sobre este o estos impuestos, porque pueden ser más de uno”, afirmó Heber luego de ser recibido por el mandatario en la Torre Ejecutiva, donde se presentó formalmente como el presidente del principal partido de oposición.
En referencia a la discusión del referéndum consultivo sobre la instalación de la empresa minera Aratirí, el senador herrerista expresó que es contrario a la iniciativa y declaró que la idea de someter a referéndum a los proyectos de inversión “no es correcta”.
“En cuanto a su iniciativa de tener proyectos consultivos, la idea de tener una ley que consulte a la ciudadanía sobre proyectos de inversión no nos parece correcta. Consultar al pueblo si, pero sobre inversiones es complicado”, además, “tenemos que pensar que sale bastante caro; cinco millones de dólares para una consulta a tres millones de personas que no todos saben de qué se trata es algo que no nos parece”, sostuvo.
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