Nacionales | 28 Jun El presidente José Mujica habilitará la reapertura de cerca de 80 investigaciones sobre crímenes en la dictadura cuando se cumplen 38 años del golpe de Estado y a un mes del fracaso de un proyecto para anular la Ley de Caducidad. El gobierno también solicitó al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia la apertura de los archivos que contienen las fichas clínicas y judiciales de ambos organismos durante la dictadura, con el objetivo de que historiadores tengan acceso a los datos.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció en conferencia de prensa que el mandatario resolvió “revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo (...) que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones” de la Ley de Caducidad. Indicó que el decreto será promulgado antes del fin de la semana y explicó que ahora corresponderá al Poder Judicial “disponer o no el desarchivo de esos casos”.
La decisión gubernamental ocurre cuando se cumplen 38 años del golpe de Estado de 1973 y un mes después que el Frente Amplio fracasara en su intento legislativo de anular la Ley de Caducidad debido a la rebeldía de un diputado oficialista, que no le permitió sumar los votos necesarios. Mujica ya había anulado un acto administrativo en mayo, cuando habilitó la reapertura de una investigación sobre el asesinato de un militante comunista en 1975.
Destacó que con esta decisión, el Poder Ejecutivo considera que está “cumpliendo fundamentalmente con un deber ético pero además con lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que en marzo ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas. En tal sentido, adelantó que tras “el análisis exhaustivo” de la sentencia del organismo internacional, el gobierno incrementará las facultades de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz, instalada en 2000 por el entonces presidente Jorge Batlle), para que trabaje en la investigación de los hechos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que se debe avanzar en la obtención de datos, en el análisis de los mismos y en la sistematización de los mismos a los efectos de procurar la profundización del conocimiento de los hechos”, añadió. En esa línea, Breccia indicó que el gobierno solicitó al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia el acceso por parte del equipo de historiadores de la Presidencia al archivo de las fichas clínicas de sanidad de las Fuerzas Armadas y a un archivo de fichas judiciales guardado bajo responsabilidad de la Suprema Corte.
También planea “completar el banco de datos genético, que todavía está incompleto, porque hay un número importante de familiares de víctimas de desaparición forzada que no han sido contactados para obtener de ellos las muestras de material genético que puedan ser comparadas con los eventuales hallazgos que se puedan realizar”. Asimismo, se está trabajando “en el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en materia de reparaciones económicas a la familia Gelman”, que presentó la denuncia ante la Corte.
Por su parte, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos considera positivos los anuncios realizados por el gobierno. “El deber del Estado uruguayo de investigar la suerte de los detenidos desaparecidos existe y hasta ahora no se ha hecho”, dijo a la AFP Ignacio Errandonea. “Que se fortalezca la Comisión de Seguimiento para que investigue va en el sentido de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto lo vemos como positivo”, añadió.
En tanto que los representantes de los principales centros militares coincidieron en que se trata de un recurso inconstitucional y en que el gobierno es presionado para avanzar en este tema. El presidente del Círculo Militar, general retirado Ricardo Galarza, dijo a El País digital que “hay expertos en derecho que han señalado la imposibilidad de consumir los efectos de la Ley de Caducidad mediante la revocación de actos administrativos por parte del Ejecutivo”. Añadió que en el caso de que militares sean citados a declarar bajo esta “nueva modalidad”, tendrían que presentar para cada caso el recurso de inconstitucionalidad. Mientras que el presidente del Centro Militar, coronel retirado Guillermo Cedréz, dijo que “varios constitucionalistas” opinaron sobre el tema y entendieron que era inconstitucional. “No se puede hacer, es cosa juzgada”, opinó. Según los militares, el gobierno debe tener “algún compromiso” y sufre presiones para acabar con la Ley de Caducidad. Indicaron que esto no cambia el ánimo en las Fuerzas Armadas y que se trata de “más de lo mismo” en cuanto a la política que ha llevado adelante la administración de Mujica en esta materia. Galarza afirmó que “es la judicialización de un problema político, esto es de la misma manera que el asunto de Aratirí” y que se lleva a que “lo decida otro, que lo decida el Poder Judicial (…) es trasladar el problema”.
FISCAL aconseja LEY
En tanto que la fiscal Mirta Guianze, que tiene varios casos de denuncias por crímenes de la dictadura, dijo a radio El Espectador que “sería deseable” que, tras el anuncio del Poder Ejecutivo, el Parlamento sancione una ley que declare que los delitos no prescriben y pueden ser perseguibles.
Explicó que la espera del gobierno para dictar el decreto, para consultar a familiares denunciantes, no es necesario, porque si se considera que aquellos decretos no tienen legitimidad, eso no depende de la voluntad de los denunciantes. “Todos los actos son ilegales porque la Ley de Caducidad en sí misma es ilegal y nunca debió haber existido, al menos eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, declaró Guianze, al tiempo que agregó: “la persecución puede quedar al arbitrio de los familiares, pero la nulidad existe de pleno Derecho”.
Entiende que para seguir con las investigaciones sobre estos hechos, “se precisan dos cosas”: por un lado, “fortalecer el sistema de investigación, de hecho creemos que con la secretaría de seguimiento se haría algo peor, aún no se sabe”. Por otro lado, “se debe fortalecer el sistema de justicia porque no se pueden abarcar casos nuevos con el normal trabajo que tenemos”. Añadió que la idea precisamente es “fortalecer el sistema de investigación y el sistema de justicia” para abordar los casos que estaban archivados y ahora podrán ser retomados.