Opinion | 29 Jun Cuando estamos a pocas horas del vencimiento del plazo constitucional, para la presentación de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al presente año, se espera con expectativa no tanto por el detalle de su contenido sino del mensaje que se desprende del texto que enviará el Poder Ejecutivo, puesto que como es sabido el Presupuesto Quinquenal y las correspondientes rendiciones resumen la filosofía de la gestión de gobierno, por encima de los anuncios, reflexiones políticas, críticas y apoyo.
Y de acuerdo a lo que ha trascendido, en esferas de gobierno se apunta a que esta rendición será de “mínimo” gasto y apenas con la adecuación de los recursos presupuestales para la educación.
Antes del jueves 30 a la medianoche el Poder Ejecutivo debe ingresar el mensaje al Parlamento, luego de sucesivas reuniones de representantes del Poder Ejecutivo con el propósito de ajustar detalles del documento, y en medio del clásico “tironeo” de los ministros por obtener más recursos para sus carteras.
Lo que sí es seguro es que quienes recibirán más recursos serán los sectores vinculados a la enseñanza, al ligarse la dotación presupuestal a un guarismo no menor al 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país, en una decisión del gobierno muy controvertida y que recogió el planteo de los sindicatos y grupos radicales de la coalición de izquierdas.
También se ampliará la dotación para atender el mayor gasto inherente a la incorporación de nuevos sectores de pasivos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y a la vez se incluirán fondos para la creación del Sistema de Rehabilitación Penal Adolescente (Sirpa).
Igualmente, entre estos tres destinos hay notorias diferencias, desde que mientras por un lado los recursos van a atender requerimientos tangibles, con claros beneficios y destinos, en el caso de la enseñanza se trata ni más ni menos que de un cheque en blanco.
Precisamente el incremento de dinero que se ha destinado en el presupuesto para la enseñanza, en un 80 por ciento para la ANEP y un 20 por ciento para la Universidad de la República, se otorga sin ningún condicionamiento a mejoras en la calidad o siquiera planes para llegar a determinados objetivos de excelencia –puesto que no existen tales objetivos--, lo que implica una renuncia a los deberes de velar por el interés general, en el que el nivel educativo juega un rol esencial.
Es cierto, en este como en otros muchos temas existen en el gobierno visiones encontradas, una de las cuales ha sido resumida en reciente exposición por el vicepresidente de la República, economista Danilo Astori, al señalar que la autonomía de los entes de la enseñanza se ha constituido en un obstáculo para implementar políticas educativas, un aspecto en el que seguramente la enorme mayoría de los uruguayos está de acuerdo.
Lamentablemente, como ha quedado demostrado en innumerables oportunidades el vicepresidente no es más que una figura decorativa del Ejecutivo, al que ni siquiera se lo informa de los cambios que el presidente sueña una noche para el país y al día siguiente pone en práctica, aunque más no sea por respeto a su profesión en el caso de modificaciones tributarias.
Pero el gobierno, es decir Poder Ejecutivo y legisladores, así como quienes representan a la ciudadanía en los órganos de conducción de la enseñanza, deberían velar por el interés general y tener la disposición y entereza para actuar a tono con esta responsabilidad.
En el gobierno existen posiciones encontradas, y en la línea que ha puesto de manifiesto Astori hay seguramente un porcentaje alto de adhesiones, aunque una minoría radical del partido de gobierno es en definitiva la que tiene el poder real, por lo que sus intereses suelen estar por encima de los de la comunidad.
Y como es práctica corriente entre tales grupos, hay mucha intolerancia, extremismos y soberbia en dirigentes sindicales de la enseñanza, que han acusado a Astori de ser “un enemigo de clase disfrazado de cordero”, así como defensor del “proyecto del capital y la derecha en materia de educación”, como si fuera mala palabra restringir la “autonomía” exacerbada y pedir que los recursos realmente se destinen a mejorar la enseñanza y no solo para lo que piden los sindicatos, incluyendo beneficios y mejoras salariales adicionales, sin que ello se refleje en mayor disposición y esfuerzo para que niños y jóvenes se capaciten para hacer frente a los desafíos de la vida.