Opinion | 30 Jun El mes pasado y tras una seguidilla de atracos y el asesinato de un guardia de seguridad en Montevideo, los bancos privados que no cuentan con servicio policial “222” comenzaron a trabajar a puertas cerradas, abriéndolas al ingreso y egreso de cada cliente. Se trata de una medida de prevención en materia de seguridad para evitar atracos y lesiones personales.
Paralelamente, los trabajadores bancarios y empresas de seguridad comenzaron a reclamar que se obligara a las empresas de seguridad a proveer de chaleco antibalas a los funcionarios que se desempeñan en instituciones financieras, por lo que ahora el Poder Ejecutivo aprobó un nuevo reglamento de seguridad que obliga a tener guardias armados y protegidos con chalecos antibala de alto poder de resistencia.
El mismo fue elaborado por el Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines (Renaemse), que depende del Ministerio del Interior. Surge a partir de una ola de asaltos a bancos cometidos en el primer trimestre de 2011, que terminaron con un guardia de seguridad muerto, heridos y fuertes sumas de dinero robadas.
El nuevo reglamento también obliga a los bancos a tener una unidad o un responsable de seguridad para encargarse del tema, armar un plan de seguridad sujeto a aprobación y coordinar acciones con la Policía.
Por otra parte, tal como anunció el director de Renaemse, Luis Vázquez, durante una reciente visita a Paysandú, la nueva normativa triplica las horas de capacitación a las personas que cumplen tareas de seguridad, tanto los que portan armas como los que no. Además de las mencionadas hay otras exigencias introducidas como obligatorias para las entidades financieras que se entienden como nuevos medios necesarios de prevención y acción en el caso de producirse delitos en dichos lugares.
Indudablemente que el cumplimiento de estas normas implica la necesidad de inversiones para las empresas de seguridad y financieras, pero no es más que lo que exige la realidad, teniendo en cuenta que una familia más queda desamparada porque el padre o esposo fue asesinado por ladrones que intentaban robar un banco, una financiera o local de pagos.
Tal como están las cosas, la protección de la vida de los trabajadores y la seguridad de usuarios y patrimonio de estos lugares donde se concentra dinero, requiere de nuevos instrumentos, así como de su uso efectivo y fiscalización. Son pues, medidas necesarias.