Opinion | 27 Jun Ante la falta de mano de obra calificada, la Cámara de Industrias propuso reintegrar al mercado laboral a los jubilados que lo deseen. El presidente de la cámara, Washington Burghi, dijo a radio El Espectador que “antes de traer gente de afuera debemos pensar en los uruguayos”. La propuesta fue presentada al presidente José Mujica, autoridades legislativas y referentes del Poder Ejecutivo.
Según señaló Burghi, la idea “tiene una buena acogida”. La contratación sería de “común acuerdo: el pasivo debe tener la voluntad de trabajar y la industria debe tener la voluntad de contratarlo”. Agregó que se procura que el jubilado “pueda trabajar siguiendo con el cobro de su jubilación porque para eso ha aportado toda su vida”. Considera que “hay mucha gente que todavía se siente con fuerzas, con ganas, gente joven porque se han jubilado algunos antes de los 60 años y otros con 60 y pocos años, que se sienten con vitalidad, con ganas de aportar cosas. Es gente que obviamente tiene experiencia, ninguno baja de los 30 años en actividad laboral y es gente con hábitos de trabajo”.
Tampoco habrá demasiadas exigencias horarias, pues si la persona no quiere trabajar ocho horas puede hacerlo seis, recibiendo el laudo que corresponde y los aportes al Estado. Esto haría que, para el momento que se vuelva a retirar, la persona vea incrementada su jubilación.
Esta propuesta resultaría conveniente para algunos pasivos que no ven satisfechas sus necesidades debido a los bajas jubilaciones que perciben. Además, la participación de personal capacitado y con cultura del trabajo permitiría el “contagio” de los hábitos de trabajo. Claro que el Estado debería implementar esta idea de forma rápida, lo cual sabemos que es poco probable.
Si bien es cierto que es una solución medianamente rápida a un problema real para las industrias, no se debe desatender la capacitación adecuada a los jóvenes para ocupar esos puestos. También es vital lograr captar a ese grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja y que son preocupación para las autoridades estatales.