Nacionales | 01 Jul Sin aliento
Parece que el fracaso de la anulación de la ley de Caducidad -que produjo además la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro y el alejamiento del senador Jorge Saravia- dejó sin fuerzas al Frente Amplio como para impulsar una ley que amplíe la prescripción de los delitos de la dictadura más allá del 1° de noviembre.
“Francamente no veo que el Poder Legislativo pueda tener aliento, energía y capacidad para transitar por una iniciativa del propio Poder Legislativo otra vez”, dijo la senadora Constanza Moreira (Espacio 609) en una charla sobre las alternativas frente a la Ley de Caducidad. Según informa El País, la legisladora opinó que “solo será posible” que un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura prospere a nivel parlamentario “si viene del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo lo manda, otro será el posicionamiento de la bancada parlamentaria frenteamplista, porque claro está que no contamos con ningún voto de blancos ni colorados”, agregó.
Mientras que la senadora socialista Mónica Xavier consideró que la vía legislativa en torno a la prescripción de los delitos “no es la que tiene mayores posibilidades”, pero tampoco cerró la puerta a que el tema se plantee más adelante. “La mejor solución será aquella que obtenga el mayor consenso político. No queremos volver a fracasar y queremos ir avanzando en la lucha por la verdad y la Justicia”, expresó.
“No podemos arriesgarnos hasta no tener consensos muy bien solidificados”, dijo.
¿Justicia subordinada?
Por otra parte, la senadora Constanza Moreira opinó que el Poder Judicial debe ser considerado como un poder político del Estado porque, a su juicio, en Uruguay la Justicia está “relativamente subordinada” al mando político. Sostuvo que el Poder Ejecutivo “es el que manda”, mientras que el Poder Legislativo está “bastante subordinado” a él. Y el Poder Judicial “está allá al costado”, añadió.
Por ese motivo, es claro que el Poder Judicial “escucha bastante y absorbe bastante del ánimo político del contexto en el que está actuando”, afirmó. Consideró que “el Poder Judicial es un poder político y tenemos que aprender a entenderlo como un poder político del Estado, y no una suerte de poder autónomo. Tenemos una Justicia relativamente subordinada”. Agregó que “la famosa autonomía de poderes no coloca a los tres poderes en situación de igualdad”, sino que el Poder Ejecutivo “es el que manda”.
Desconformidad
El ministro Daniel Olesker compareció en la Comisión de Salud de Diputados y no dejó conforme a nadie. Los legisladores de la oposición esperaban respuestas más elaboradas, mientras que los frenteamplistas pretendían planteos más de fondo. Olesker fue convocado por los nacionalistas Pablo Abdala y Antonio Chiesa a raíz de las irregularidades y cambios jerárquicos en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA).
Olesker concurrió junto al Directorio de ASSE negando que exista un “caos generalizado” en la administración, y rechazando la idea de una eventual fragilidad del Directorio. Respaldó en general a los integrantes del Directorio y en particular a su presidente, Mario Córdoba. Sin embargo, varios legisladores dijeron a Últimas Noticias que Olesker no fue enfático al referirse a Córdoba. “Lo defendió sin muchas ganas”, manifestaron.
Los legisladores nacionalistas analizarán con el resto de la bancada del Partido Nacional qué pasos a seguir. “Me quedé con la sensación de que el ministro trabajó a reglamento, de que vino porque no tenía más remedio. Y que no está convencido de lo que está defendiendo, porque fue muy cauto en sus afirmaciones, porque no fue convincente, porque en algunos casos no tenía argumentos y dejó responder a ASSE. Vi a un ministro incómodo”, dijo Abdala a El País.
Abdala expresó su “preocupación por la politización de ASSE”, algo que “ha sido señalado incluso desde el Frente Amplio”. Alegó que existen “versiones sustentables sobre un acuerdo entre Córdoba y (el representante de los trabajadores, Alfredo) Silva para dirigir el organismo”, y que “desde allí se han decidido los cambios más polémicos”. Respecto al INCA, Abdala denunció “arbitrariedades, irregularidades y desviación de poder que han causado daños a la administración y perjuicio a los pacientes”. Criticó además la remoción de la administradora del instituto, Carmen Vallejo, cesada el 30 de marzo mediante una resolución infundada.
“Aburrimiento imponente”
La desconformidad no fue solo en la oposición. El diputado Álvaro Vega (Espacio 609) catalogó al encuentro de “un aburrimiento imponente”. Criticó que se haya discutido sobre “líos internos” en el INCA en vez de hablar sobre los temas de fondo. “Los cambios en las direcciones no hacen a la gestión”, opinó. No obstante, consideró que “fue un planteo pobre, por lo que las respuestas fueron acordes al planteo”.