Opinion | 04 Jul El diputado colorado Aníbal Gloodofsky puso sobre la mesa un tema que involucra a un pequeño grupo de menores que, no por eso, debe desconocerse o mirarse hacia un costado. El legislador advirtió que hay 400 niños “desamparados” porque sus madres están presas y no se está cumpliendo la ley que obliga a que las reclusas permanezcan con sus hijos en las cárceles.
Gloodofsky participó en la sesión de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, donde los legisladores recibieron a representantes de la Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad, integrada por diferentes instituciones vinculadas al tema, entre ellas el Ministerio del Interior. Según informó Montevideo Portal, el diputado colorado dijo que las representantes de la mesa explicitaron la situación de las mujeres que tienen hijos y son arrestadas, dejando sin cuidado a los niños: “Es una situación muy grave, porque el Ministerio del Interior no sabe qué pasa con los hijos de esas mujeres”.
La ley establece que los niños menores de 5 años deben permanecer con sus madres cuando éstas son enviadas a prisión. Sin embargo, el Ministerio del Interior argumenta que esto no se cumple porque “no hay lugar” para ellos. Nadie puede poner en tela de juicio el argumento del ministerio porque sabido es la dificultad que se enfrenta en los establecimientos carcelarios por la sobrepoblación.
En muchos casos, los niños quedan a cargo de parientes o vecinos, pero el problema persiste porque en muchas familias se da un fenómeno de sustitución delictiva. El legislador colorado señaló que cuando el padre es encarcelado por tráfico de drogas, comienza a vender la madre. Si la mujer es arrestada, entonces sigue sus pasos una abuela y así sucesivamente.
Aunque la primera responsabilidad en el cuidado y bienestar de los niños le corresponde a los propios padres, en ausencia de estos, es deber del Estado asegurar el cuidado físico y emocional saludable. Si no existe un familiar que realmente sea responsable en el cuidado del niño, entonces deberá intervenir a través del organismo responsable, a saber, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Aunque el INAU esté bastante ocupado con los menores infractores, debe asumir la protección y amparo de estos pequeños no solo para asegurar su buen desarrollo sino también para “cortar” con el círculo de la delincuencia y el tráfico de estupefacientes.