Opinion | 07 Jul Entre golpes alternados entre la herradura y el clavo, como todo gobierno, con diferencias de objetivos, estilos y temas, es un hecho positivo que tras largos cabildeos dentro del oficialismo se haya avanzado en un punto fundamental para la incorporación de la infraestructura que necesita el país, cuando en las últimas horas la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Participación Público-Privada (conocido políticamente como el PPP).
Dicho proyecto ya obtuvo la aprobación en el plenario de Diputados, y tiene como objetivo hacer posible la realización de obras de infraestructura y la prestación de servicios relacionados con estas obras.
Según se informó, el Partido Nacional marcó modificaciones en el proyecto inicial, que le otorgaba al Poder Ejecutivo la potestad de rescindir unilateralmente los contratos con las empresas privadas, pero el proyecto aprobado establece que debe haber acuerdo de las dos partes para rescindir el contrato o para establecer una cláusula previa que disponga que el contrato puede ser rescindido por la sola voluntad de la parte pública.
En pocos días el proyecto con media sanción ingresaría a la Cámara de Senadores y, tras su aprobación, retornaría a Diputados para su aprobación definitiva con las modificaciones incluidas. Ello augura que este año se pueda contar con una herramienta operativa para encarar las grandes transformaciones y puesta al día que el Uruguay ya debía haber encarado hace muchos años, es decir cuando la explosión de las producciones primarias de grandes volúmenes, como la forestal y los granos comenzó a saturar el nudo gordiano de infraestructura y oferta logística que hace agua por todos lados, ante la falta de inversión que debe seguir a un diagnóstico todavía muy precario e improvisaciones que condicionan las respuestas fragmentadas que se han intentado hasta ahora.
Y aunque a tropezones, por resistencias internas y divisiones dentro de la propia fuerza de gobierno, por lo menos este es un tema en el que se han logrado limar las diferencias e incluso rechazo de sectores de la coalición de izquierdas a todo tipo de participación privada, aún en concesión, como es el caso del Partido Comunista, que se sigue manifestando en discordia con esta alternativa, de la que sin embargo el presidente José Mujica es un defensor a ultranza, como debe ser.
Es que el mandatario ha señalado con énfasis que de no ponernos más o menos al día en este déficit, Uruguay corre peligro de ser escenario de un “apagón logístico”, como en su momento le ocurriera a Brasil, y de esta forma topear un esquema productivo que se sostiene en la producción de commodities que por su escaso valor en términos de relación precio-volumen, necesita de medios de transporte adecuados para estos fines, en los que los instrumentos por excelencia son el transporte ferroviario y el fluvial, que son los más baratos para este tipo de mercadería.
Pero al mismo tiempo que se promueve, no sin dificultades, el proyecto de Participación Público Privada, se mantiene trancada la iniciativa que apunta a la reestructura de AFE, desde que sigue desarrollándose una ardua negociación entre sectores del Frente Amplio, y en una problemática donde también tercia el sindicato del ente, que se opone tenazmente a toda participación privada en este esquema.
Lamentablemente, se ha perdido mucho tiempo en este y anteriores gobiernos por inercia y un estado permanente de deliberación y negociación.
Si el Uruguay no lo hace en medio de una bonanza que nunca se sabe cuanto va a durar, cuando ingresan recursos adicionales que se podrían disponer para un objetivo estratégico de interés nacional –aunque ya fueron gastados con otros fines, por lo cual ahora es imprescindible buscar otra fuente de recursos para no caer en el “apagón logístico”--, resultará prácticamente imposible hacerlo en otras circunstancias. Por tal motivo el sistema político, sobre todo el gobierno, que cuenta con mayorías parlamentarias, debe no solo discernir entre el interés corporativo y el de todos los ciudadanos, sino también actuar en consecuencia, pese a los costos políticos, porque esta actitud es parte indisoluble de la cultura de gobernar, que muchas veces es optar entre planteos e intereses contrapropuestos, teniendo presente el objetivo supremo del bienestar general.