Opinion | 03 Jul El Poder Ejecutivo ha salido al cruce de la campaña de recolección de firmas para reducir la edad de imputabilidad y mantener los antecedentes en el caso de aquellos menores que sean encontrados culpables de delitos graves. Concretamente ha iniciado una contra campaña, aduciendo que solamente un reducido número de menores se convierten en infractores y que esa cantidad no avala bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal.
Al mismo tiempo hace referencia al proyecto de ley actualmente en el Parlamento, para la instalación del Sistema de Rehabilitación Juvenil. El gobierno también recordó que entre las políticas comprometidas que se están llevando a cabo, se cuentan el desarrollo de los programas de empleo y capacitación, la creación de 40.000 puestos de trabajo, un sistema de 25.000 becas estudiantiles, y políticas de turismo juvenil sin importar la condición socio económica.
La clave en definitiva, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, pasa por la reconstrucción del entramado social y por las políticas de inclusión, que llevarán a la reducción de la delincuencia.
Indudablemente, para la reducción de la delincuencia en general y de la cantidad de menores en conflicto con la ley hay que apelar a políticas a largo plazo, a inversiones concretas y efectivas, a una nación con menos desigualdades. En eso, el Poder Ejecutivo tiene toda la razón.
No obstante, el proyecto de plebiscito que lleva adelante especialmente la oposición, se refiere no al futuro, sino a cómo lidiar hoy con el problema del ese puñado de menores en conflicto con la ley, culpables de asesinatos, rapiñas y otros delitos violentos y graves. La cuestión para quienes impulsan las reformas y especialmente la reducción de la edad de imputabilidad y que se mantengan los antecedentes de los delitos cometidos como menores de edad, no es establecer una política de solución final ni cargar contra la inmensa mayoría de los jóvenes menores de edad de este país que no cometen delitos penales graves. Es, ni más ni menos, encontrar mejores herramientas para quitar la manzana putrefacta del cajón de frutas sanas. No es malo que el Ejecutivo defienda una posición y que otros sectores políticos otra. Todo lo contrario en la medida que se le brinda la posibilidad al ciudadano común de decidir por una u otra propuesta. Será este el que se defina por el criterio de establecer políticas largoplacistas para solucionar el problema. Una decisión seria, que debe ser tomada con responsabilidad, pero que ojalá quede en manos del soberano: el conglomerado de votantes.