Nacionales | 09 Jul El relator especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Rodrigo Escobar Gil, denunció al final de una visita al país “condiciones infrahumanas” en las cárceles uruguayas, donde “persiste una grave situación de derechos humanos”.
“En general lo que se ha detectado es que aún persiste una grave situación de derechos humanos en las cárceles”, dijo Escobar Gil a periodistas, en su primera evaluación pública sobre su visita, que se extendió desde el martes hasta ayer y durante la cual recorrió los principales centros penitenciarios del país.
Según el comisionado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en algunos establecimientos observó reclusos que viven “en condiciones infrahumanas, totalmente insalubres, antihigiénicas. También hemos encontrado un alto nivel de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, con los problemas que eso genera de violencia, disturbios y enfermedades, y de buenas condiciones de vida”.
Según Escobar Gil, hay además “muchos problemas de drogadicción al interior de las cárceles, ante los cuales no existen planes ni programas por parte de las autoridades para ofrecer a estas personas”. Cuestionó que las cárceles sean “centros de ocio, donde no se le da la oportunidad a los reclusos ni de trabajo ni de educación”. Para el comisionado, otra “situación muy grave” es el “uso abusivo y excesivo de la detención preventiva” y llamó a las autoridades a realizar cambios de la legislación “que pongan el Código de Procedimiento Penal a tono con los tratados internacionales de derechos humanos”, ya que “la regla general es que la persona debe ser investigada y juzgada en libertad”, enfatizó.
El diagnóstico del relator de la OEA ocurre poco más de dos años después de la visita del relator especial de la ONU para la Tortura, Manfred Nowak, quien realizó un duro informe sobre la situación carcelaria. Escobar Gil recordó que en esa visita se había observado maltrato por parte de la guardia penitenciara a la población reclusa. “En este aspecto, considero que se ha mejorado”, indicó, precisando que “el problema del maltrato ha disminuido”. A mediados del año pasado, el Parlamento aprobó con apoyo de todos los partidos políticos la Ley de Emergencia Carcelaria que prevé la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, tras el incendio ocurrido el 8 de julio del año pasado en la Cárcel Departamental de Rocha, que dejó doce presos muertos. Escobar indicó que ve “voluntad por parte de las autoridades de propender por solucionar los problemas”.
“Las autoridades son conscientes, están muy sensibilizadas sobre el problema penitenciario y también se están haciendo esfuerzos en la dirección adecuada, pero faltan políticas públicas integrales que enfrenten en toda su magnitud la gravedad del problema”, añadió. No obstante, admitió que “se necesitan recursos, pero lo más importante es que haya políticas públicas de largo plazo, porque tampoco son problemas que se resuelven de un día para otro, son problemas que requieren una acción continua, gradual, progresiva y permanente por parte del Estado”.
Según el relator de la OEA, la situación de las cárceles en nuestro país no es diferente a la del resto de América Latina y el Caribe, donde imperan hacinamiento, sobrepoblación carcelaria, las malas condiciones de las instalaciones y la falta de profesionalización del sistema penitenciario, “consecuencia de muchos años de abandono y de olvido del sistema carcelario”.