Opinion | 12 Jul La Cámara de Representantes acaba de aprobar un proyecto de ley --que ahora espera la media sanción del Senado-- que obliga a los propietarios de fincas o promitentes compradores a conectarse a la red de saneamiento público.
En caso de incumplimiento, se prevé multas de hasta el 100% del consumo de agua mensual y la imposibilidad de registrar el inmueble que no cuente con el servicio una vez hayan transcurrido tres años desde la aprobación, en tanto que quienes no estén conectados tendrán un año para hacerlo a partir de la promulgación de la norma.
La obligación alcanza a “todas las construcciones con abastecimiento” y cualquier instalación “susceptible de ser utilizada para uso humano”. Además, se prevé una pena de entre 3 y 24 meses de prisión para quienes mantengan conexiones clandestinas al sistema de alcantarillado. Como agravantes se considerará el eventual daño que se produzca a la red y que el responsable sea o haya sido funcionario de OSE.
También se obliga a la Intendencia capitalina y OSE, únicos proveedores de servicios de saneamiento, a publicar un listado de calles en las que se ofrece el servicio, así como desarrollar líneas de financiación a largo plazo y bajo costo para realizar las instalaciones internas en hogares de bajos recursos, mientras ofrece subsidios en casos de familias en situación de indigencia. Para registrar propiedades inmuebles se deberá probar que se realizaron las obras de saneamiento o que no existe red cloacal frente a la vivienda.
Indudablemente, contar con conexión al saneamiento no sólo es una gran ventaja desde el punto de vista ambiental sino también una tranquilidad para los propietarios que de esta forma, evitan la necesidad de utilizar pozos negros, que suelen tener filtraciones al terreno y luego de cierto tiempo requieren vaciado periódico con las respectivas molestias y costos.
Con el mismo espíritu de mejora en la calidad ambiental y de vida, OSE debería avanzar rápidamente en soluciones ambientales para el saneamiento de nuestras ciudades. Aquí en Paysandú, todos los efluentes residenciales se vuelcan crudos al río Uruguay, que es bebedero y cloaca al mismo tiempo. Si bien existen planes de construir una planta de tratamiento, el inicio de su ejecución aún parece muy lejano en el tiempo. Exigir las conexiones a los vecinos está muy bien, pero el Estado también debe realizar sin demoras este tipo de obras que son muy necesarias.