Opinion | 14 Jul Vecinos de la localidad de Morató se ofrecieron voluntariamente para conducir la única ambulancia existente en la zona. Según fue informado en la Junta Departamental, este alejado paraje del interior de nuestro departamento carece del servicio de ambulancia desde hace tres meses.
La ambulancia está fuera de servicio por desperfectos mecánicos y otra, destinada a Merinos, también estaba rota y ahora fue reparada. No obstante, el chofer se encuentra con licencia médica, así que el vehículo tampoco puede utilizarse en caso de ser necesitado.
Lo que significa vivir en parajes tan alejados posiblemente sea algo totalmente desconocido o incomprendido para muchos funcionarios públicos en cargos de jerarquía, que deben tomar decisiones sobre la asignación de recursos y prioridades a atender. Siendo muy optimistas, podríamos decir que si se tuviera conocimiento de lo que significa un vehículo acondicionado adecuadamente para atender una salida de emergencia, estas cosas no sucederían.
Quizá no sepan algunos servidores públicos que trabajan en oficinas y mostradores, que cuando se está a varias decenas o tal vez más de un centenar de kilómetros del centro asistencial más cercano o el mejor equipado, una ambulancia en buenas condiciones mecánicas y --obviamente-- alguien que la conduzca, puede significar ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Para un trabajador rural que tiene un accidente con una máquina o una descompensación que podría no ser grave si es atendida de inmediato pero puede volverse muy peligrosa si no llega a tiempo al hospital, una mordedura de ofidio ponzoñoso o, sin ir más lejos, una picadura de avispa para un alérgico, tener una ambulancia operativa marca realmente la diferencia. Ni hablar de su utilidad para permitir a nuestros bebés por nacer y sus madres el acceso a condiciones adecuadas y seguras para un alumbramiento.
Ahora tres vecinos se ofrecen a conducir el vehículo. Y es un gesto muy digno. Y muy necesario. Sin embargo, eso debe ser autorizado por el Ministerio de Salud Pública porque son sus funcionarios los únicos habilitados para hacerlo. Cabría preguntarse si los habituales procesos burocráticos que todos conocemos darán rápidamente una solución a estos pobladores, ya sea aprobando el ofrecimiento o buscando una alternativa adecuada.
La situación no hace más que mostrar una realidad no siempre conocida en las ciudades pero muy sufrida en el Uruguay profundo, que a veces parece tan descuidado de nuestras políticas públicas. El gobierno comprometió este año avances en medicina rural. Pues bien, es hora de empezar por lo básico.