Opinion | 09 Jul Factores culturales, pero también una degradación de valores que se ha ido acentuando con los años, seguramente tienen gran incidencia para que en nuestro departamento, como en todo el país, se registren actos vandálicos contra bienes públicos, sin otra explicación posible más que el afán de “divertirse” destruyendo lo que se logra no sin poco esfuerzo, mediante aportes de los contribuyentes, al mismo tiempo que el trabajo a veces de meses y años que es estropeado en pocos minutos.
Uno de los últimos episodios fue protagonizado por un grupo de adolescentes que estaba jugando al fútbol y que no encontró mejor entretenimiento que dedicarse a causar daños en el Cementerio Central, como antes ha ocurrido en el Monumento a Perpetuidad y otros bienes públicos, a veces irreemplazables, en una actitud que resulta inexplicable para el ciudadano común, pero que es una realidad que nos choca a diario y para la que no se han encontrado respuestas valederas.
Es cierto, hay un aspecto cultural insoslayable, como mencionábamos, cuando hay además miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, y para los que el ocio y la frustración implica buscar formas de canalización violenta a través de estos episodios destructivos, por apelar a un razonamiento que podría tildarse de sicología barata, pero que seguramente tiene mucho que ver con esta realidad.
Pero más allá de las causas para que se genere esta exteriorización negativa, debemos convenir que la impunidad de que hacen gala quienes así actúan, que son en su enorme mayoría menores de edad, obra como potenciador de los actos vandálicos, porque no se los llama a responsabilidad, desde que no solo las leyes sobreprotegen al menor, sino que a la vez hay magistrados que no están a la altura de las circunstancias y no aplican con la severidad necesaria las alternativas que ofrece la normativa vigente.
En el caso de los elementos destruidos en el cementerio, el juez actuante sí lo hizo y dispuso que los involucrados se encarguen de reparar lo que habían destruido, en un fallo ejemplarizante que sin embargo constituye la excepción y no la regla en los casos judiciales que involucran a menores.
Pero por otro lado la población también debe involucrarse, denunciando a quienes cometen estas tropelías, porque los bienes públicos son de todos, los paga toda la comunidad y los disfrutamos también todos. La condena social es un factor que tiene gran importancia, como existe en otras culturas, y la educación, la formación en valores, como así también la consecuente represión para los infractores, conforman el conjunto de una respuesta que todavía está pendiente y que no debe hacerse esperar.