Paysandú, Viernes 15 de Julio de 2011
Nacionales | 14 Jul “No se trata de unidad por unidad”
“No se trata de unidad por unidad. La unidad es en base a un programa que nosotros queremos que se cumpla. El programa no puede ser un adorno”, dijo Daniel Berruti, al informar que el Partido Comunista (PCU) no votará la reforma de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que forma parte del programa votado antes que José Mujica asumiera como presidente, si antes no se discute en la orgánica del Frente Amplio (FA). Esto significa llevar el debate a la Mesa Política o al Plenario Nacional, sin estar limitados a las bancadas de legisladores, como ha sucedido hasta el momento con la reforma de AFE, así como con el proyecto de ley de Participación Público Privada.
“Queremos que se discuta en el Mesa Política del FA” y no que “en algún lado, algún día, se resuelva alguna cosa”, explicó Berruti. En ese sentido, dijo que no acatarán “el mandato de quien a su vez no está mandatado. La única potestad es la orgánica del FA”. Los comunistas insistieron en que acompañarán la votación de los proyectos fundamentales para el gobierno y claves del programa solo si se discutieron en la orgánica y allí se decidió mandatar a los legisladores.
“El programa está ahí pero cada uno hace lo que quiere con él. Nosotros queremos que se cumpla”, explicó. Por eso el Comité Ejecutivo del PCU resolvió plantear en el FA que se “agende en la Mesa Política un conjunto de discusiones”. Entre esas discusiones se encontrará la reforma de AFE, pero también lo que refiere a la distribución de la riqueza y la concentración y extranjerización de la tierra.
“Comunistas: A borrar los muros”
La posición asumida por el Partido Comunista (PCU) en relación al proyecto de Participación Público Privada (PPP) no solo molestó al FA sino también a los sectores radicales, que se manifestaron frente al Palacio Legislativo con carteles alusivos al tema.
“Comunistas: a borrar los muros”, rezaba una de las pancartas sostenidas por decenas de militantes que se identificaban con las banderas de Asamblea Popular y el Movimiento 26 de Marzo. “Gobierno traidor”, expresaban otros, mientras que los funcionarios de UTE se encargaron de colgar un pasacalle que decía: “Ley de PPP es igual a Privatización”. Dentro del edificio, el dirigente del 26 de Marzo Fernando Vázquez y la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, contemplaban el debate desde las barras.
La mayor molestia de los grupos radicales fue con la actitud del diputado Hugo Dávila, quien se retiró de sala y dejó entrar a su suplente Elsa Hernández, quien responde al sector liderado por el presidente de Ancap, Raúl Sendic, como forma de asegurar la unidad de la izquierda. “No alcanza con no votar la ley. Hay que votar en contra, convocar a un plan de movilización para derrotar las privatizaciones, derogar la ley PPP, y pasar a la oposición al gobierno del Frente Amplio (FA), construyendo una alternativa obrera y socialista”, señaló el Ejecutivo del Partido de los Trabajadores en un comunicado.
Sin embargo, las mayores objeciones no fueron contra el “ala dura” del secretario general del PCU, Eduardo Lorier, sino contra “la línea de la ex ministra Marina Arismendi y el dirigente Juan Castillo, que conduce a la liquidación del partido en función de la defensa de un gobierno al servicio de los grandes capitales y el imperialismo”.
Públicos la rechazan enérgicamente
Los sindicatos públicos anunciaron que se opondrán fuertemente a la ley de asociación con privados como estrategia para la “defensa acérrima” de las empresas estatales, lo que hace prever que se avecina un nuevo choque entre el gobierno y sus funcionarios. Los sindicatos acusan al gobierno del Frente Amplio de haber caído en una “contradicción” imperdonable, al promover la ley de Participación Público Privada (PPP), vista como “privatizadora” y emparentada a políticas neoliberales, tan fustigadas por el Pit-Cnt en los 90.
Por esto, los gremios públicos, que acumulan varios temas conflictivos con el gobierno, como el cumplimiento de la ley de negociación colectiva y la reforma del Estado, vislumbran un nuevo choque. El rechazo que genera la ley de PPP, sancionada ayer en Diputados, motivó un comunicado de la Mesa de Entes. En la nota, los sindicatos remarcan que la discusión de la alianza con privados no puede implicar que el Estado pierda “la iniciativa en los ámbitos de desarrollo, la conducción estratégica y la gestión de las áreas de desarrollo del país”, indicó la Mesa de Entes en un documento acercado a los medios.
A esos efectos, “la ley no es la herramienta idónea para la concreción de los cometidos estratégicos” planteados, dice la Mesa de Entes. Los trabajadores cuestionan que los cambios introducidos “siguen siendo insuficientes, encierran una reforma del Estado sin la debida discusión” y que sus aportes “no fueron tomados en cuenta”.
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