Opinion | 10 Jul A partir de la asunción del poder, el Frente Amplio ha debido pasar de la oposición que ejerció durante décadas a poner en marcha el programa de gobierno que obtuvo el respaldo de la ciudadanía. Pero como todos sabemos, en nuestro país los programas de los partidos suelen ser un enunciado de buenas intenciones, muchas veces de escenarios ideales y buena voluntad, que pecan de no pasar al detalle del cómo, haciendo hincapié fundamentalmente en el qué, con el agravante de que son muy pocos los ciudadanos que leen los librillos que los recogen.
A la vez la prisa por diferenciarse de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder trajo urgencias que llevaron a intentar conciliar sus propuestas con los condicionamientos que impone la realidad, que no es ni más ni menos que actuar sobre un statu quo, en base a las reglas de un marco democrático, y fundamentalmente, prever recursos para llevar adelante los proyectos en base a prioridades que no siempre coinciden con los tiempos del ciudadano.
Por lo tanto, se han dado en poco más de seis años tanto martillazos en la herradura como en el clavo, de acuerdo a la óptica de quien evalúe la gestión de la Administración Vázquez y lo que va de la del presidente José Mujica, pero no hay dudas de que con los años se ha ido adquiriendo cultura de gobierno. Porque pese a los eslóganes fáciles de antaño para obtener adhesiones, gobernar nunca fue fácil, y llega el momento en que se tiene que dejar de jugar para la tribuna, y que es preciso mediar entre intereses y posturas en las que no siempre el que más grita y protesta tiene razón, aunque en algunos sectores del partido de gobierno hay tendencia a seguir creyendo en estos “valores”.
Además, debe tenerse presente que el Frente Amplio no es en realidad un “partido” sino una coalición de partidos y grupos de izquierda que hasta 1971 votaban en forma separada, y que a afectos de poder acumular fuerza electoral para llegar al gobierno, se cobijaron bajo un lema común en el que cada uno devaluó sus propias propuestas y sustentos ideológicos, para llegar a un mínimo común denominador en una propuesta a la ciudadanía.
A la hora de proponer, por lo tanto, cada sector debió renunciar a parte de lo que cree y pretende, en el marco de continua negociación, de forma que cediendo todos un poco, pudiera llegarse a una propuesta común para todos los sectores, de forma que nadie se sintiera particularmente postergado ni menospreciado.
Estas diferencias, con altibajos, fueron más o menos disimuladas durante el gobierno de Vázquez, a lo que ayudó notablemente el favorable escenario internacional, en lo que refiere a la política económica encabezada por el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, así como la expectativa de haber alcanzado la presidencia por primera vez.
Pero en los hechos siempre se trató de una coalición, donde hay sectores tan diferentes como el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano, por mencionar solo dos, así como grupos marxistas y otros que responden a postulados socialistas, ex tupamaros, disidentes blancos y colorados, entre otras concepciones ideológicas.
Ello explica que en el segundo gobierno de la coalición de izquierdas haya ya quienes pretenden ir a un estatismo a ultranza, tan caro a la izquierda marxista, mientras otros grupos más moderados --que han asumido por dónde pasan realmente los parámetros en la economía--, promueven iniciativas como la Ley de Participación Público Privada, para que el sector privado financie obras de infraestructura, incluyendo además la iniciativa para reestructura de AFE.
Ello ha llevado a fuertes entredichos en las últimas semanas, no solo a propósito de la frustrada Ley de Interpretación de La Ley de Caducidad, que dio lugar a defecciones como la del diputado Víctor Semproni, la renuncia del ex senador Eleuterio Fernández Huidobro y el alejamiento del senador Jorge Saravia, sino también por el camino recorrido por Mujica en cuanto a la participación privada a efectos de aliviar las arcas del Estado, que tiene la oposición férrea del Partido Comunista, el cual a pesar de ser minoritario en votos tiene una fuerte incidencia en la conducción del Frente Amplio, debido a su estructura orgánica. Por otra parte, tiene el potencial para desestabilizarlo puesto que prácticamente controla los sindicatos, así como cuenta con un poder sobre dimensionado en el Gobierno, donde tiene su bastión en el Mides, por ejemplo, y logró hacerse de la intendencia de Montevideo, departamento que concentra la mitad de la población del país.
En las últimas horas, tras reunirse con el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori calificó de “crítica” la situación del Frente y ambos coinciden en que el partido de gobierno se debe una “profunda discusión ideológica”. Centraron la discusión en la crisis interna que atraviesa el Frente Amplio, luego que el miércoles el Partido Comunista se negara a votar un proyecto de ley de participación público-privada, en abierto desacato al llamado de la coalición a acompañar la iniciativa.
“Coincidimos en que hay un punto de partida fundamental: lo primero que necesitamos es asumir la relevancia de lo que está pasando, porque si no mal podremos resolverlo”, aseguró Astori. Añadió que el partido se debe “una profunda discusión ideológica, entre otras cosas para ver cuál es el origen de las diferencias”.
El problema es que este no es un factor nuevo y no solo un problema del partido que ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo y tiene la mayoría parlamentaria, sino que ya es de todo el país, porque un gobierno no debe ser presa de sus propias contradicciones, cuando en medio de todo el embrollo se encuentra el interés general.
Ello da la pauta de que por encima de las diferencias políticas internas, los grupos que integran la coalición tienen responsabilidades que asumir ante el país todo, y deben tratar de acordar dejando de lado intereses sectoriales y personales, para sacrificar desvaríos y purezas ideológicas en aras del interés general. Porque si le va mal al gobierno le va mal a todos los uruguayos, y el ciudadano común no puede esperar a solucionar sus problemas hasta que se resuelva la discusión ideológica de quienes debieron procesar estas diferencias mucho antes.