Opinion | 11 Jul El crecimiento de la población mundial plantea una serie de desafíos que pueden cambiar por las características de cada país o región, pero que tiene el común denominador de una mayor presión sobre los recursos naturales y el gradual envejecimiento.
Mediante el avance de la tecnología se procura contrarrestar o por lo menos paliar el agotamiento de los recursos naturales, sobre todo los fósiles, con un mejor aprovechamiento de los renovables, pero no estamos ante un factor aislado, sino asociado a una tendencia que cada vez con mayor severidad proyectará sus consecuencias y retos a toda la humanidad.
El año pasado, en Francia, se registraron disturbios protagonizados por organizaciones sindicales, sociales y políticas que resistieron la iniciativa de aumentar en dos años la edad mínima jubilatoria, ante la crisis financiera del sistema social enfrentado a erogaciones que condicionaban su viabilidad en el corto y mediano plazo.
Es que a partir de 2008 y con altibajos, la crisis económica y las consecuentes repercusiones en desempleo y caída de la actividad económica en las naciones europeas aceleró la necesidad de adoptar medidas en lo inmediato, pero igualmente el mayor desafío se presenta en el mediano y largo plazo. Ocurre que estamos ante un fenómeno global que presenta una problemática muy vasta, pero con la característica común de que el envejecimiento progresivo implica en muchos casos el tener que introducir modificaciones drásticas al sistema de bienestar social que aplican todavía varios países con buenas prestaciones, generosos subsidios por desempleo y condiciones de atención médica y social de primer nivel, los que consumen cuantiosos recursos que cada vez cuesta más obtener.
Este fenómeno conlleva conciliar factores que entran en conflicto, desde que elementos positivos como una mayor expectativa de vida implican destinar mayores recursos humanos y materiales a la atención de las consecuencias de este envejecimiento, tanto en el plano de la asistencia social como de la atención médica.
Tenemos que --por ejemplo-- por primera vez en la historia los mayores de sesenta y cinco años están a punto de superar en número a los niños menores de cinco años. Así, en muchos países, la gente mayor que cobra jubilaciones estatales, tiene servicios de salud y necesita atención a largo plazo, pronto será más que la fuerza de trabajo, cuyos impuestos y aportes contribuyen a financiar esos beneficios.
El punto es que estamos ante un proceso irreversible, por lo que a menos que los gobiernos hagan cambios drásticos del gasto público relacionados con la edad, se estaría llegando a un plazo no muy lejano a déficit públicos insostenibles. Las alternativas para hacer frente a este proceso no son muchas y todas presentan sus pro y sus contra, pero en ningún caso va a ser un “remedio dulce” ni nada que se parezca, sino un “trago amargo” que tendría que afrontarse más temprano que tarde.
Así, una posibilidad es la de aumentar la edad mínima de jubilación, en tanto otra medida obvia debería ser lograr el equilibrio presupuestal, es decir medidas impopulares pero inevitables si realmente se quiere encarar la realidad sin medias tintas, y evitar males mayores en el futuro. Por otro lado, el prolongar la vida activa a 65 y 70 años en muchos casos significa constreñir el mercado de trabajo para las nuevas generaciones y por lo tanto los costos que se abaten o postergan por un lado significan también reducir la pirámide de aportantes del sistema, lo que en los hechos tampoco es una solución valedera en este escenario que ya se está dando en países desarrollados, que son los que tienen mayor expectativa de vida y un menor ritmo de recambio generacional.
Por supuesto, este panorama no es exclusivo de las naciones europeas, sino que ya se da también en Uruguay, donde mientras pasan los años y, salvo mejoras coyunturales originadas en bonanzas económicas que determinan que haya un aumento en el nivel de empleo y --por consecuencia-- del número de aportantes, el sistema jubilatorio uruguayo regido por el Banco de Previsión Social (BPS) sigue dependiendo de la “solidaridad” intergeneracional y sobre todo de que no decaiga la actividad económica que lo sostiene. Por lo tanto la mayor expectativa de vida de que felizmente gozamos, año a año nos plantea cada vez en forma más acuciante el gran desafío de convocar a todo el sistema político y a los actores sociales, a los profesionales que tienen que ver con el tema, para ir tratando desde ya esta problemática y considerar eventuales respuestas que cuenten con un amplio respaldo y sobre todo asegurar que tengan la continuidad imprescindible, como política de Estado, por encima del partido que se encuentre en el poder.