Opinion | 12 Jul
La saturación y consecuente destrucción de las carreteras, sobre todo en las áreas de transporte forestal, es una realidad insoslayable en nuestro país, desde que para quienes transitan por nuestras rutas más o menos frecuentemente es claro que las tareas de reparación y reconstrucción que se llevan a cabo son insuficientes.
Este aspecto es particularmente crítico al norte del río Negro, pero también se da por ejemplo en las conexiones y acceso al puerto de Nueva Palmira, con la explosión de la producción de granos en el Litoral fundamentalmente, y en menor medida en la región del arroz.
En nuestra zona es notorio el mal estado de la Ruta 24, con profundos zanjones que son consecuencia del gran peso de los camiones que transportan madera, los que entorpecen severamente el tránsito y generan un condicionamiento muy serio para la circulación, en un escenario que se repite en las rutas 90 y 26 y otras vías de conexión con Tacuarembó por los camiones que trasladan madera en bruto desde el noreste, lo que también comprende la Ruta 25.
El punto es que este panorama no se nos ha venido encima de la noche a la mañana, sino que a partir de la Ley de Desarrollo Forestal aprobada sobre finales de los años ochenta era archisabido que la explosión forestal, es decir cuando los montes entraran en producción se iban a producir los problemas logísticos que hoy padecemos. Tanto es así que se diseñó “la ruta de la madera”, que es ni más ni menos que un corredor de rutas principales que serían utilizadas por el transporte de troncos hacia los puertos de salida, y en base a eso se comenzó comenzaron a adecuarse a adecuar, --durante la década de los 90,-- los trazados y pavimentos de tales arterias. Así se rehizo, por ejemplo, buena parte de la rRuta 25 desde Algorta hasta Young, o la rRuta 24 desde unos kilómetros al sur de Tres Bocas hasta la Ruta 2. El problema es que, como siempre, las cosas se hicieron a medias, y demasiado tarde. P y para peor, , desde la crisis económica de 2002 hasta la fecha no se siguió con el plan, y ni siquiera se mantuvo lo que ya se había hecho. En el ejemplo antes citado faltó hacer el trayecto de Piedras Coloradas hasta Algorta por Ruta 90, así como buena parte de las rutas 25 y 24, solo por mencionar algunos planes sin concretar.
Pero no solo la madera es la causante del deterioro de las carreteras. Como bien mencionó el presidente, José Mujica, somos víctimas del crecimiento explosivo de la producción primaria, con millones de toneladas de granos y carnes que son transportadas en camiones cada año. Esto es un cambio que no estaba previsto hace 20 años, pero gracias al cual el país se enriqueció en base a la exportación de commodities. Con cada exportación, cada negocio, cada vez que el productor se “enriquecía” produciendo, el Estado era el convidado de piedra que se quedaba –y se sigue quedando-- con un porcentaje de todo ese dinero, vale decir que cuanto más producción salía por las carreteras hacia los puertos de exportación, el Estado más recaudaba.
Sin embargo, tras 8 años de bonanza, de crecimiento histórico de la producción agropecuaria y de la economía sin haberse hecho nada para mejorar las vías de comunicación de acuerdo a las necesidades crecientes de infraestructura, sucedió lo que debía suceder: ahora el sistema está al borde del “colapso logístico”, a decir de Mujica.
La solución –obvia— de parte del Gobierno es buscar la forma de que “alguien” pague lo que el Estado –aún deficitario— no puede hacer, que es la reparación de las rutas y caminos de todo el país. Y como la “culpa” de todo la tiene el campo, lo más simpático a los oídos del pueblo es que los grandes capitales aporten unos 60 millones de dólares al año para tal fin.
Lo malo de todo este razonamiento cargado de motivaciones ideológicas es que el Estado ya recaudó por anticipado todo lo que correspondía para poder mantener, reparar y adecuar las rutas, pero todo ese dinero generado y aportado por el campo fue gastado en otras cosas de acuerdo a las prioridades de los gobiernos de Tabaré Vázquez y el actual de José Mujica. Cuanto más produjo el país, cuanto más exportó, cuanto más importó para alcanzar esa producción, más recaudó el Estado y ahora --casi una década más tarde-- se da cuenta que si sigue gastando sin inversión la rueda puede dejar de girar. Entonces el problema no está en el crecimiento explosivo de la producción forestal y agropecuaria, sino en la imprevisión, la improvisación y el apetito voraz del Estado que ha fagocitado todo este crecimiento sin dar respiro al país productivo. Hoy quizás necesite 60 millones de dólares para evitar el “colapso logístico” y se podría recaudar a través del impuesto a las grandes extensiones, pero si no se revierte el problema de base, que es que el Estado gasta más y más rápido que el sistema productivo, pronto ese dinero no alcanzará ni para tapar los pozos.