Opinion | 13 Jul El gobierno de José Mujica afronta en este momento la primera crisis de gabinete en su año y medio de gestión, cuando el mandatario decidió hace pocas horas hacer efectiva la remoción de la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, quien integra la dirigencia del Partido Comunista, lo que constituye a primera vista un elemento que ahonda las diferencias entre el gobierno y este partido, en tanto en un clima de reproches de un lado y del otro del oficialismo, Diputados se aprestaba a sancionar el controvertido proyecto de ley de Participación Público Privada.
Mujica anunció el lunes a la vez la sustitución de Vignoli por el socialista Daniel Olesker, titular del Ministerio de Salud Pública, así como ofrecer el cargo de ministro de esta cartera al subsecretario Jorge Venegas, del Partido Comunista, por lo que en términos ajedrecísticos el mandatario haría una especie de “enroque”, respetando a la vez la distribución de carteras por sectores, desde que el Partido Comunista volvería a quedar con una cartera.
No puede extrañar, para quien ha seguido las alternativas que se están dando en el seno del gobierno nacional, que igualmente la decisión de Mujica generara malestar en la dirección del Partido Comunista, que analizó en su Comité Ejecutivo durante varias horas la situación y se hizo constar, además de cuestionar el tenor de la decisión, críticas a los procedimientos que utilizó el presidente para comunicar sus decisiones.
Es que de acuerdo a estos dirigentes no hubo ninguna consulta o siquiera comunicación previa hacia el Partido Comunista, y tanto ellos como los demás partidos se enteraron por los medios de prensa de la decisión presidencial, lo que a esta altura no puede extrañar por la forma particular en que se mueve el mandatario, quien además en los últimos días había hecho trascender su molestia con la gestión de la ex ministra Vignoli a partir sobre todo de la muerte de indigentes en la calle durante la ola de frío.
Ocurre además que el Ministerio de Desarrollo Social ha sido el buque insignia del gobierno en el marco de las políticas sociales y un instrumento que a la vez había sido promovido por el Partido Comunista durante la Administración Vázquez, incluyendo la creación de esta cartera que condujo en el primer gobierno Marina Arismendi, del mismo partido.
Según Mujica, el ministerio se ha llevado “un fangote de guita” que no se ha traducido en realizaciones, en sacar a miles de uruguayos de la indigencia o de la pobreza, en gran medida porque se ha tratado de políticas asistencialistas en las que los ingresos de estas familias provienen del Estado sin contraprestación en trabajo y por lo tanto sin que estas personas puedan autosostenerse si dejan de percibir el dinero que les entrega el Mides.
La designación de Olesker apuntaría a que esta cartera interactúe como coordinadora de las políticas sociales y con un protagonismo que no tuvo con Vignoli al frente, lo que puede evaluarse como un argumento para la decisión intempestiva del presidente. Pero a la vez no puede obviarse que esta instancia formaría parte de un nuevo capítulo de las diferencias en el seno del gobierno, donde coexisten sectores radicales y moderados –estos últimos nucleados en el Frente Líber Seregni— entre los que Mujica haría las veces de árbitro, pretendiendo conformar a unos y otros a través de decisiones que se van alternando a favor de una u otra propuesta, lo que compromete la coherencia de su gobierno.
Ello hace que el presidente de una coalición de estas características deba actuar con sumo cuidado para contemplar las diferentes visiones que se tienen en una diversidad de áreas, y que no siempre pueden conciliarse ni es posible ir por el camino del medio, porque para algunos será mucho y para otros será poco, al fin de cuentas.
Tampoco ayuda el frecuente cambio de postura del presidente, y sin ir más lejos, como señalara el dirigente comunista Daniel Berrutti, el mandatario dijo al inicio de su gestión que si removía a un ministro, también se tendría que ir el subsecretario, porque ambos constituían un equipo de trabajo. Sin embargo, explicó que eso no se llevó adelante y tal como sucedió antes, “como te digo una cosa, te digo la otra”.
Y aunque hay diferencias que no son menores, el problema no está solo en que existan, sino en que no se procesen debidamente en el ámbito adecuado, porque no se trata únicamente de la relación interna en un partido, sino del gobierno de un país que no puede estar pendiente de que las soluciones a sus problemas esperen a que los integrantes del gobierno se pongan de acuerdo en el qué, el cómo y el quien las hace. Y el punto es que el interés general no puede ser rehén de partidos, de sectores ni de personas, más allá de la pertinencia o no de sus planteos, como indica el sentido común.