Presidente Constitucional 1972-1973
y después de facto hasta 1976

Locales | 19 Jul Juan María Bordaberry Arocena, quien falleció a las 5.20 del domingo en Montevideo, a la edad de 83 años, fue presidente constitucional entre 1972 y 1973 y de facto entre 1973 y 1976. Bordaberry, que había nacido en Montevideo el 17 de junio de 1928, en el seno de una familia de estancieros, murió a raíz de problemas respiratorios. Fue velado en forma íntima y sepultado sin honores de Estado, pues una iniciativa del Frente Amplio suspendió las honras fúnebres a quienes fueron jefes de Estado durante la dictadura. Sus restos fueron sepultados en horas de la tarde del mismo domingo en el cementerio privado Parque Martinelli, en la ruta 102 kilómetro 24, departamento de Canelones.
Estaba casado con Josefina Herrán y había tenido 9 hijos: María, Juan, Martín, Pedro, Santiago, Pablo, Javier, Andrés y Ana. Desde noviembre de 2006 se encontraba cumpliendo una pena de penitenciaría, tras ser sometido a procesos por diversos delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada de personas bajo su período de gobierno dictatorial, crímenes de homicidio político y atentado contra la Constitución en reiteración real. En un principio cumplió su detención en dependencias carcelarias, pero desde enero de 2007, a causa de su estado de salud, permanecía bajo arresto domiciliario.
Se inició con Nardone
Nació en una familia de origen colorado y antibatllista, hijo del estanciero y político colorado Domingo Bordaberry Elizondo y de Elisa Arocena. Educado en el colegio de los Padres Jesuitas, se transformó en un católico integrista. Dedicado desde joven a las actividades agropecuarias, sus primeras actividades políticas las realizó en el seno de la Liga Federal de Acción Ruralista liderada por Benito Nardone. Fue elegido senador del Partido Nacional por la alianza nacionalista-ruralista que triunfó en las elecciones de 1958, ocupando ese cargo entre 1963 y 1965. En 1964 aglutinó a sus seguidores en la Liga Federal de Acción Ruralista, integrándose en 1969 al Partido Colorado. Fue ministro de Ganadería y Agricultura entre 1969 y 1972 durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco.
En las elecciones de 1971, la Unión Nacional Reeleccionista, sector pachequista del Partido Colorado, lo postuló a la Presidencia de la República, en fórmula completada por Jorge Sapelli, para el caso de que la reforma constitucional propuesta por dicho grupo para habilitar la reelección del presidente Jorge Pacheco Areco no obtuviera los votos necesarios para su aprobación. Como esto fue lo que aconteció, Bordaberry se convirtió en Presidente de la República.
Difícil situación
política y social
De esa forma Juan María Bordaberry asumió como presidente en un momento de especial intensidad de las actividades, tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, como de grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), todo ello en medio de una crisis económica y con múltiples medidas prontas de seguridad vigentes, lo cual daba cuenta de lo desvirtuadas que estaban la institucionalidad y la legalidad.
Hizo frente a la situación aliándose con los sectores más conservadores militares y civiles, que ocuparon los puestos más relevantes del gobierno. Durante los primeros meses, se descubrió la “Cárcel del Pueblo” donde la guerrilla tupamara había mantenido secuestrados a varios enemigos de clase, lo que marcó el principio del fin de la sedición. Una vez desarticulada la guerrilla se produjo una creciente influencia militar, que culminó con el cuestionamiento de la autoridad de Bordaberry en febrero de 1973, al no aceptar el Ejército y la Fuerza Aérea el nombramiento como Ministro de Defensa del general Antonio Francese. Hizo un llamado a “defender las instituciones” pero ante el escaso respaldo terminó cediendo y pactando con las Fuerzas Armadas el 12 de febrero en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza, en lo que, para algunos, fue el prólogo del quiebre institucional que posteriormente se produjo.
Bordaberry presidió el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, al disolver el Parlamento --al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el Poder Ejecutivo--, las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Los militares comenzaron entonces a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el “proceso cívico militar”.
Intentó eliminar los partidos políticos
En 1975, propuso a los militares imponer un nuevo sistema constitucional de inspiración fascista y franquista, eliminando definitivamente a todos los partidos políticos para entonces ilegalizados y suprimiendo las instituciones liberales. En 1976 Bordaberry presentó dos nuevos memorandos políticos a la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas, pero ésta consideró que la propuesta de eliminar los partidos políticos era muy arriesgada por lo que, el 12 de junio decidió destituir a Bordaberry y designar para reemplazarlo a Alberto Demicheli, quien entonces ocupaba la presidencia del Consejo de Estado. El 16 de junio las Fuerzas Armadas dieron a conocer sus discrepancias con Borbaberry, indicando que Bordaberry “no acepta el futuro funcionamiento de los partidos políticos tradicionales. Entiende que éstos no tienen cabida en el Uruguay del futuro. Propone en sustitución de la vigencia de ellos, la promoción y desarrollo de corrientes de opinión que en definitiva vendrían a ocupar el vacío dejado por aquéllos”.
Asimismo que tampoco aceptaba “el pronunciamiento popular a través del voto, porque considera que esa práctica en las democracias actuales es algo superado, argumentando que el voto solamente se debe requerir a los ciudadanos a través del referéndum o plebiscitos, sobre puntos o temas específicos que el Poder Ejecutivo considere conveniente”.
Por crímenes
de lesa humanidad
Bordaberry fue condenado por la Justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad ocurridos en oportunidad del golpe de Estado y de la dictadura que con el mismo se inició, siendo acusado de violar la Constitución y de ser el autor intelectual de secuestros y desapariciones de opositores políticos al régimen. El 16 de noviembre de 2006 fue sometido a proceso por estos crímenes, junto con quien fuera su canciller, Juan Carlos Blanco. El 9 de febrero del 2010 la jueza Mariana Motta lo condenó a treinta años de penitenciaría, a quince años de medidas de seguridad, a inhabilitación absoluta por seis años y a hacerse cargo de los gastos de reclusión. La condena es por los delitos de atentado contra la Constitución en reiteración real, nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político.