Opinion | 16 Jul En un largo debate parlamentario que se extendió hasta la madrugada del viernes, los ministros de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, de Vivienda y Medio Ambiente, Graciela Muslera, y de Turismo, Héctor Lescano, dieron a conocer sus respectivas posiciones en el marco de la interpelación promovida por la oposición para contar con información sobre el proyecto minero de Aratirí, que cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo y va avanzando en su dilucidación.
El llamado a sala no tuvo consecuencias políticas, desde que el oficialismo impuso su mayoría de votos para votar afirmativamente por 52 en 79 la moción presentada por el Frente Amplio, que señala que fueron satisfactorias las explicaciones brindadas en relación a la actuación del Poder Ejecutivo.
Además, la declaración subrayó que el desarrollo de la minería debe procesarse garantizando el cuidado del medio ambiente, la armonía de las diferentes actividades productivas y el progreso social, en tanto la moción de la oposición, que consideraba insatisfactorias las exposiciones de los ministros, fue rechazada por 36 en 86 votos.
Estamos ante un tema serio. Posiblemente la interpelación no es el mejor instrumento para analizarlo en forma puntual y sobre todo ante una problemática que es mucho más vasta, al primar muchas veces posturas político-partidarias sobre la necesidad de exponer todos los puntos de vista con claridad y sin preconceptos, con énfasis en el interés general.
En este caso estamos precisamente ante un tema que corta transversalmente a todos los partidos, desde que se han escuchado posiciones encontradas en todas las colectividades políticas, y ello indica que este instrumento parlamentario no ha sido la mejor opción para que las diferencias sean debidamente procesadas y contrapropuestas.
El problema fundamental radica en la ausencia de políticas de Estado en un aspecto como la minería, recurso extraño para el Uruguay, que es un país de base esencialmente agropecuaria y exportador de materias primas.
En el caso de la minera a cielo abierto Aratirí los inversores muestran particular interés y ofrecen una inversión global del orden de los tres mil millones de dólares, porque la extracción que décadas atrás era cara y no justificaba el emprendimiento, con los avances tecnológicos y el precio de los materiales aparece ahora como rentable, en un mundo donde la explotación irracional de los recursos naturales plantea crecientes desafíos ante los requerimientos de alimentos y materias primas.
Pero no debe perderse de vista que una cosa es lo que sirve a los inversores y otra la que puede servir a los uruguayos, tanto a los contemporáneos como a las futuras generaciones. La industria minera puede significar una gran inversión directa en principio, así como importantes ingresos y fuentes de trabajo durante cierto tiempo, pero potencialmente es muy contaminante, afecta los suelos de forma permanente y tiene fuerte incidencia en otros sectores productivos. No caben dudas que el mineroducto y el puerto de aguas profundas que planea construir la empresa en cuestión puede causar un efecto negativo en el turismo de Rocha –hoy es una de las mayores fuentes de ingreso de divisas al país--, y que una vez que se termine la explotación, todo lo que quedará en un gran agujero en la tierra.
Aunque las consideraciones formuladas por los ministros han sido declaradas “satisfactorias” por el oficialismo, en realidad no fueron más que un respaldo político de ocasión, para no dejar al gobierno desacomodado ante la opinión pública, sin que implique un compromiso de sus legisladores con el proyecto, desde que en el propio partido de gobierno hay visiones controvertidas y muchas dudas.
No se ha dado por lo tanto luz verde al Poder Ejecutivo para llevar adelante el proyecto, porque en realidad no lo necesita, desde que tiene las potestades para aprobarlo, como se hiciera en su momento con otros megaemprendimientos, como el de las plantas de celulosa, pero el punto es que al estar tantos aspectos en juego, resulta muy difícil para la Administración Mujica, como lo ha señalado el mismo presidente, asumir responsabilidad plena por tal decisión.
Ocurre que falta todavía información en todos los órdenes, para que se llegue a un examen desapasionado de los pro y los contra, y discernir si realmente vale la pena en estas condiciones arriesgar lo que se tiene por algo que se podría tener, en principio ventajoso, pero que en el mediano y largo plazo aparece como muy dudoso, por decir lo menos, en la relación costo-beneficio.