Opinion | 23 Jul El déficit que se mantiene en la conexión al saneamiento en numerosos centros poblados, sobre todo en las ciudades que se han extendido significativamente en los últimos años, como Paysandú, ha llevado a que OSE promoviera ante el gobierno y obtuviera ya la media sanción parlamentaria de un proyecto de ley que determina la obligación de que los propietarios o promitentes compradores se conecten a la red de saneamiento público.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y aguarda ahora la sanción de la Cámara de Senadores, con vistas a su puesta en vigencia de forma inmediata, teniendo en cuenta que el ente considera que este será un instrumento apropiado para superar una situación deficitaria que se arrastra desde hace muchos años.
En el caso de Paysandú por cierto que existe un notorio déficit en materia de conexiones a la red de saneamiento, tanto en la ciudad como en localidades del interior departamental, e incluso hay lugares como Guichón –donde se concretó una inversión muy importante del organismo por acuerdo con la Intendencia Departamental, con miles de metros de red de saneamiento construidas--, en la que se conectaron muy pocos vecinos. Por los costos en materiales y de facturación posterior del ente, prefirieron quedarse como estaban, con los pozos negros que tenían, para llamar de vez en cuando al servicio de barométrica municipal para desagotar las cámaras sépticas comprometidas.
Así, pese a los años transcurridos --más de una década-- no se ha avanzado significativamente en las conexiones a la red en esa localidad, por aspectos puramente económicos, y este es un aspecto que influye decisivamente a la hora de que el vecino se decida por este servicio que es fundamental para la prestación de la higiene y la calidad de vida de los ciudadanos.
El proyecto con media sanción legislativa establece que en caso de incumplimiento se aplicarán multas de hasta el cien por ciento del consumo de agua mensual y la imposibilidad de registrar el inmueble que no cuente con el servicio una vez hayan transcurrido los tres años desde la aprobación, en tanto quienes no estén conectados tendrán un año para hacerlo a partir de la promulgación de la norma.
La norma comprende a todas las construcciones con abastecimiento y cualquier instalación susceptible de ser utilizada para uso humano, en tanto se prevé una pena de entre tres y 24 meses de prisión para quienes mantengan conexiones clandestinas al sistema de alcantarillado, considerándose como agravante el eventual daño que se ocasione a la red y que el responsable sea o haya sido funcionario de OSE. Ocurre que estamos ante una ley de carácter genérico y que pretende responder a una realidad que es mucho más compleja que el considerar que existe una oferta adecuada del organismo a la población y que los ciudadanos no se conectan por falta de voluntad, desde que sobran ejemplos de áreas pobladas a las que este servicio de OSE no llega y en las que se debe todavía abordar inversiones para extender el servicio, sobre todo aquellas en las que por su altimetría o lejanía no existe la posibilidad de que el sistema funcione por gravedad, lo que requiere estaciones de bombeo que encarecen sustancialmente la inversión.
Es lógico, a la vez, que el organismo pretenda que la inversión retorne en determinado plazo, aunque se lleve adelante por créditos blandos de organismos internacionales, y debe tenerse presente que la extensión de la red que está en marcha por etapas en la ciudad de Paysandú, pese a que significa una mejora sustancial, deja zonas de la planta urbana sin oferta del servicio y peor aún, todavía no se ha construido la planta de tratamiento de efluentes cloacales, lo que indica que como hace un siglo el ente sigue vertiendo aguas negras crudas al río Uruguay, y aún no hay una fecha más o menos aproximada para la concreción de este emprendimiento.
Es decir que la ley a que aludimos tiene muy buenas intenciones, pero el gran omiso en el tema ha sido la propia OSE, que lleva un atraso de muchas décadas en sus respuestas, sobre todo en poblados del Interior, donde las falencias son notorias y tenemos por ejemplo en Paysandú una deuda de muchos años con la población de Quebracho, desde que sigue en agua de borrajas el proyecto previsto para construir la red de saneamiento por convenio con la Intendencia Departamental y los vecinos.
Es positivo que la norma obligue al ente a publicar un listado de calles en la que se ofrece el servicio, así como instrumentar líneas de financiación a largo plazo y bajo costo para que los usuarios puedan encarar las instalaciones internas en hogares de bajos recursos, incluyendo subsidios para familias en situación de indigencia. Pero estas ofertas deben ser acompañadas por obras que realmente marquen la diferencia, con proyectos integrales que sean ejecutados en tiempo y forma, para no que ocurra lo de siempre: proyectos que se eternizan y cuando llega la hora de ejecutarlos se quedan cortos ante la evolución de la demanda en todos esos años, por lo que siempre seguimos corriendo detrás de los problemas, con más improvisaciones.