Opinion | 23 Jul La reciente aprobación del proyecto de Ley de Participación Público Privada --que finalmente fue votada por todos los partidos-- no solo ha incorporado un elemento de gran significación para la concesión a privados de obras de infraestructura, entre otras posibilidades, sino que ha marcado una alentadora evolución de la izquierda en cuanto a posturas ideológicas marcadamente hostiles a cualquier tipo de coparticipación del Estado con privados.
Esta oposición proviene desde hace décadas y también se hizo sentir en la organización de plebiscitos contra leyes que fueron aprobadas en gobiernos anteriores, en los que el Frente Amplio y las organizaciones sindicales recogieron firmas y lograron el voto popular para derogar estas normas.
Pero a partir de asumir el gobierno, lo que ayer era tabú ha pasado a ser un instrumento necesario para el desarrollo, y este cambio de postura es bienvenido, porque coloca al país en posición de avanzar en este esquema y ahorrarle al Estado fuertes gastos en infraestructura que podrá compartir con aportes privados.
Igualmente, los gremios de funcionarios públicos, en defensa de sus intereses, siguen movilizados contra la ley de coparticipación y promovieron recientemente en el seno del Pit Cnt la realización de un paro general de actividades para el 28, en protesta contra la ley y contra la reestructura de AFE, que se enmarca en el mismo objetivo.
Contrariamente a lo que podía esperarse, la Mesa Representativa de la central, afín al gobierno, resolvió por estrecho margen --18 votos contra 17-- rechazar esta propuesta, lo que da la pauta de que hay visiones encontradas en la organización sindical, y que en este caso tiene en veredas opuestas, a grandes rasgos, a los representantes de gremios de empresas privadas y a los de sindicatos de organismos del Estado.
A última hora se introdujeron modificaciones al proyecto de ley, a efectos de dar garantías de que no habrá innovaciones en los monopolios del Estado, pero los gremios públicos consideran que se está ante una “maniobra” del gobierno para seguir adelante con el proyecto “privatizador”, lo que revela que las posturas encontradas en la fuerza de gobierno se han trasladado, por proyección, a la interna sindical.
Es de esperar que este sea el principio de un “aggiornamiento” del movimiento sindical y que éste se abra a los nuevos tiempos, en el entendido de que capital y trabajo forman parte de una misma cosa, y que no puede haber empresas a las que les vaya mal y a sus empleados bien, aunque en el caso del Estado todos pagamos sus salarios y benignas condiciones de trabajo aunque las empresas den déficit.