Opinion | 22 Jul Recientemente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que el servicio telefónico 911 que presta su ministerio “hace tiempo que sufre inconvenientes”, respondiendo de esta manera a los cuestionamientos que surgieron luego de que los acampantes que el pasado fin de semana quedaron atrapados por la crecida de un arroyo en la zona de Río Negro, denunciaran haber hecho casi cien llamadas a este servicio de emergencias antes de obtener asistencia.
Bonomi sostuvo que el sistema utilizado “forma parte del material que se procura comprar para sustituir equipos viejos, pero no se puede hacer de un día para el otro” y recordó que el Ministerio del Interior tiene un sistema de comunicaciones que data de la década de 1960. “Ustedes (la prensa) puedan entrar e interferirlo. Así que si ustedes pueden, los delincuentes también”, manifestó el jerarca, quien acotó que cuando se lo sustituya, el nuevo sistema “no solo estará encriptado, sino que tendrá más potencia para abarcar otros servicios”.
En realidad, según manifestaron los acampantes, tuvieron que efectuar casi un centenar de llamados para que se les respondiera en el servicio 911, que debería ser una red prácticamente sin fallas y habilitar el ingreso al instante, sin saturarse, del llamado ciudadano, desde que se presume que quien requiere este contacto es acuciado por una situación de real urgencia.
Ello indica que contar con un sistema bien aceitado y accesible para cualquier persona, ya sea por teléfono fijo o celular, es primordial para la seguridad del ciudadano. En el Interior las dificultades no solo refieren al 911, sino que los teléfonos de las respectivas seccionales y de las propias jefaturas han modificado los números y hay muchos ciudadanos que no tienen presente los nuevos para una comunicación rápida, lo que implica una dificultad adicional.
La solución de estas carencias, que no son un tema menor, debería formar parte de las prioridades del Ministerio del Interior para ponerse a tono con los tiempos y más aún, con las necesidades del ciudadano cuando requiere una respuesta rápida de la Policía, ante una ola delictiva que sigue asolando a la población y los llamados se hacen cada vez más frecuentes.