Informó director de Migraciones
en el Parlamento

Locales | 27 Jul En la frontera seca entre Uruguay y Brasil hay unas 1.000 personas que el gobierno no sabe si son urugauyos o brasileños, según se desprende de lo manifestado por el director nacional de Migraciones, inspector principal José Chavat, en el Parlamento.
“Así como algunas personas están inscriptas como brasileños y como uruguayos, y tienen documentos de ambos países, otros no tienen documento uruguayo ni brasileño. Eso los pone en una situación muy vulnerable. Tenemos dificultades con las personas que viven en la frontera con Brasil, que no sabemos si son uruguayos o brasileños. Se trata de alrededor de 1.000 personas cuya situación estamos tratando de regularizar”, dijo el jerarca.
En cuanto al enlentecimiento de la expedición de residencias, dijo que se debe al déficit de personal y un mayor control de los antecedentes de esas personas. “Ello no se debe porque haya cambiado el gobierno, sino porque, como les decía, Brasil está presionando mucho a sus delincuentes y estos vienen hacia nuestra zona. Entonces, a veces ingresan a nuestro país ciudadanos de otras partes del mundo, no de Brasil, que sí han estado en Brasil o en Argentina y terminan acá. Cuando a estas personas les exigimos los antecedentes de los países en los que han estado en los últimos cinco años surge que no vienen de su país de origen, sino que han paseado por tres o cuatro países, entre ellos Brasil y Argentina. Esto implica una dificultad para la persona y el trámite se demora”, agregó.
“Cuando un extranjero llega a nuestro país con una promesa de trabajo y viene desde su país de origen con el certificado que indica que no tiene antecedentes penales, el trámite es normal. En este momento estamos dando veinte números por día, que es lo que podemos absorber. Si le damos número para el mes de julio y se presenta con todo en regla, inmediatamente se le otorga un documento donde dice: consta que su residencia está en trámite para que la Dirección Nacional de Identificación Civil le otorgue el documento de identidad uruguayo por un año, en el que se aclara que la residencia está en trámite. Con ese documento de identidad la persona puede trabajar. Esta fue la medida que encontramos para solucionar el aspecto laboral, dado que para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es necesario que la persona cuente con documento de identidad”, explicó.
De acuerdo a lo establecido por ley, aquellas personas que hayan tenido antecedentes penales en los últimos cinco años no podrán obtener la residencia. Además, la legislación vigente exige un medio de vida. “Aquí nos encontramos en un cuello de botella, porque si la persona no tiene el documento de identidad no puede trabajar. Por eso le pedimos una promesa real de trabajo. Inclusive, a veces citamos a la persona que prometió el trabajo o hacemos las verificaciones correspondientes en la empresa que le va a dar trabajo”, dijo Chavat.
“Hemos cambiado algunas situaciones. Se daba el caso de muchos ciudadanos peruanos o bolivianos que, como se le exigía una promesa de trabajo o probar algún medio de vida, caían en manos de un notario, de un escribano, que les cobraba U$S 500 por un documento que decía que se dedicaba a vender artesanías en la calle. Hemos hablado con esos ciudadanos, les hemos explicado que no es necesario que paguen esa cifra, que no tienen que gastar nada y que digan la verdad respecto a su verdadera situación. Para resolver esto todavía nos falta instrumentar un departamento social que atienda esas situaciones”, agregó.