Opinion | 26 Jul Hay estadísticas en las que sería mejor no estar pero igualmente figura allí el nombre de Uruguay. Es el caso de la de los suicidios: Uruguay tiene la cifra más alta de América Latina con un promedio de 530 suicidios por año y con un aumento constante desde la década del 90.
Se trata de un tema que en general no se habla pero que ya va siendo hora de ponerlo sobre la mesa de los asuntos públicos nacionales. La cifra, aunque es alta, tampoco da cuenta de la magnitud que posiblemente tengan otras situaciones relacionadas a la más drástica decisión que pueda tomar una persona: quitarse la vida.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la relación intento de suicidio-suicidio consumado es de 20 a 1 en algunos países y de diez a 1 en otros. Estos datos darían un mínimo de 5.500 intentos de suicido por año en Uruguay; cualquiera puede darse cuenta que eso es demasiado en un país de apenas 3 millones de habitantes.
Deberíamos habernos preguntado hace rato ¿entonces qué es lo que pasa? Independientemente de los diagnósticos, resulta imprescindible que este tema se trate como un asunto de salud pública. Porque la salud mental es también salud pública y debe ser atendido por las instituciones de la salud, algo que lamentablemente no siempre ocurre. O al menos no ocurre para el tratamiento de algunos aspectos y patologías de la salud mental.
En este sentido, resulta alentador que comiencen a instrumentarse medidas para prevenir suicidios y se instaure la obligación de que las instituciones de salud pública y privadas desarrollen planes para la atención de la salud mental.
Una de esas obligaciones será brindar antes de las 48 horas del hecho, atención psicológica integral a las personas que cometieron intento de suicidio; también deberá contarse con una línea telefónica para consultas habilitada las 24 horas y preparar a médicos y enfermeros del primer nivel de atención para detectar pacientes con predisposición al suicido puesto que según las autoridades, el 80% de las personas que se autoeliminan han consultado un médico general en los últimos dos meses.
En una asunción máxima del libre albedrío hay personas que deciden hacerlo. Sin embargo, posiblemente muchas de ellas, inmersas en situaciones desesperantes, pidan de alguna forma, ser ayudados. El Estado, como responsable del bienestar de sus ciudadanos, tiene una obligación a cumplir en ese sentido: crear los instrumentos para que aquellos que necesitan ser atendidos y auxiliados tengan verdadero acceso a ellos.