ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 02 Ago Quien haya tenido a la vista el artículo 29 de la Constitución ha sentido seguramente aguda sorpresa al conocer recientes expresiones del Presidente de la República que inesperadamente, rectifican precisas y claras expresiones anteriores suyas, relativas a la libertad de expresión.
En efecto, hacia setiembre del año precedente dijo que “no hay mejor ley de prensa que la que no existe”, pero en fecha reciente amenazó a los medios de prensa con la posibilidad de no darles publicidad oficial en razón de no gustarle la forma en que difunden las noticias en las crónicas policiales. Esto, como expresa en su columna publicada en “El País” del 30 de julio el diputado Dr. Javier García, “es lisa y llanamente censura a la libertad de prensa”, a lo cual agrega que “la amenaza, aunque no se concrete la decisión, opera ya como límite a los medios”, temor que no tenemos el honor de compartir plenamente dada la tradicional independencia en que existe en el ejercicio de toda actividad periodística, algo que mucho honra al país.
El precepto citado de la Constitución tiene muy preciso y claro contenido, y torna en verdad inexplicable que el Presidente haya formulado tan equivocada como inesperada amenaza. Se transcribe a continuación la letra su texto:
“Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que se cometieren”.
Obsérvese que se trata de una norma constitucional que disiente sustancialmente con lo expresado por el Presidente, pues ello, en esencia, fue una amenaza de aplicar, con apartamiento total del contenido del precepto, sanciones económicas a quien, en el ejercicio de la “plena libertad”, haya sólo informado sobre determinados hechos en forma que a dicho magistrado no le guste.
El sólo anuncio de que tal eventual actitud esté entre lo que el Presidente piensa es gravísimo, pues choca radicalmente con lo que corresponde en función del ordenamiento constitucional, y por tanto debe ser impugnado con energía por quienes en el país siempre han visto con gran preocupación la mera posibilidad de algún riesgo al respecto. Es que en materia tan importante, que ha prestigiado al país desde su formación, cualquier eventual apartamiento del orden impuesto por la Constitución aporta gran preocupación a la ciudadanía.
Se descuenta que el Presidente ha de advertir que ha cometido un serio error, según emerge claramente del contenido del presente comentario, basado en la norma precedentemente glosada, confirmado por expresiones públicas de quien integra la coalición política gubernamental, el diputado Homero Yanes. Por ello, aún cuando nos podría contestar, con palabras del escritor Pitigrili, “no me den consejos, sé equivocarme solo”, con profunda sinceridad y respeto a su alta investidura se le sugiere que, antes de hacer públicas ideas novedosas emergentes de sus meditaciones, las someta al previo análisis y parecer de quienes conozcan bien la materia de que se trate, y de los compañeros de su fuerza política
La trascendencia del asunto sugiere limitar a lo expuesto, por ser lo esencial, su comentario.