Presidente de la Federación Rural

Rurales | 30 Jul El planteamiento del gobierno de presentar un proyecto de impuesto al sector agropecuario “es ridículo y se equivoca de palo a palo”, señaló a EL TELEGRAFO el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, quien sostuvo que habrá que esperar al lunes 1° de agosto, luego del Consejo de Ministros, cuando el Poder Ejecutivo oficialice el proyecto para gravar a las extensiones de tierra de más de 2.000 hectáreas y conocerlo en profundidad. “Lo venimos diciendo desde hace tres meses, que cualquier nuevo impuesto en Uruguay es rechazado de plano por parte de la Federación Rural”, dijo enfáticamente. “Creemos que no es momento de hablar de impuesto, cuando los costos se han elevado tremendamente, el precio del novillo gordo ha bajado U$S 0,50 en un mes y algo, y los números de los productores por mejores precios que tengan, no están cerrados”.
Para Sanguinetti el gobierno “se equivoca de palo a palo y serán ellos responsables si la producción en vez de aumentar, como lo venía haciendo en todos estos años, comienza a estancarse y a bajar, que no es lo que queremos los productores y las gremiales”. El dirigente entiende que “son las reglas de juego que se nos van presentado y pelearemos como podamos, y si tenemos que acatar lo acataremos, pero desconformes”.
Precisó que “es ridículo el planteamiento de este impuesto en relación a los 1.500 millones de dólares que se necesitan para comenzar a solucionar la infraestructura de las rutas en Uruguay. Creo que está planteado más al tema de la compra de campos para colonización, que tampoco entendemos es el camino adecuado, porque sabemos que aquellos productores que les den 50 hectáreas no podrán mantener a sus familias con esa cantidad de terreno”.
Según Sanguinetti, esto “entorpece que se trabaje en temas mucho más importantes y genera un mal relacionamiento que no lo deseamos con el gobierno”, agregando que lo que sucede a nivel de gobierno “preocupa a muchos más uruguayos que lo que uno cree. Cuando se produce un enfrentamiento campo-ciudad --se dijo que un 60% está de acuerdo con el impuesto al campo--, yo quisiera saber cómo se hizo esa encuesta. Pero a esta altura no debe haber uruguayo que no esté preocupado cuando se cambian las reglas de juego, que se ve que no hay crecimiento y no hay posibilidades de mayor cantidad de empleo”.
Para el dirigente, “hay que ir por el bien común y no buscar tirarles piedras a uno y a otro, sino ir por el mismo camino”.
Filosófico
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, manifestó que el nuevo tributo supone “un fuerte cambio filosófico” por parte del presidente de la República. Mujica se aparta del espíritu con el que muchos inversores trajeron sus ahorros al país y utilizaron la tierra como mecanismo para invertir acá. Los niveles de inversión se han duplicado y atentar contra esta corriente realmente no lo entendemos”, afirmó.
Sostuvo que el primer mandatario “se apartó solo de sus discursos en el Hotel Conrad y de asunción”, donde alentó a inversores a instalar sus proyectos en Uruguay. “Llama mucho la atención cómo una persona se aparta de sus dichos rápidamente”, sostuvo Bonica, quien agregó que le consta que hay operadores que ya han “congelado algunos negocios” en el país.
Pese a que la propuesta ya está diseñada, el presidente de la ARU dijo que no han tenido ninguna comunicación de parte del Poder Ejecutivo e incluso expresó a Radio Carve que “los ministros con los que hemos tenido contacto han mantenido silencio sobre este tema”.
Para Bonica, este tema del nuevo impuesto al agro salió a la luz porque el gobierno estaba “en un cisma” en el Parlamento con el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. “El presidente necesitó que la opinión pública focalizara su atención en otros temas y fue así que se puso hablar de los impuestos al agro”, comentó.
fórmula
La propuesta final conserva el eje central del planteo de Mujica por el que se grava a los campos con superficies mayores a las 2.000 hectáreas.
En tanto, la propuesta de Astori incorporada al proyecto pretende aumentar la carga impositiva a la venta de inmuebles adquiridos antes de 2007 y, según indicaron fuentes consultada por El País, llevará a un aumento del precio de la tierra.
El planteo del vicepresidente aceptado por Mujica pretende aumentar el ficto de lo que deben pagar los inmuebles rurales que son vendidos y que fueron adquiridos antes del 1° de julio de 2007, cuando entró a regir la reforma tributaria, dijeron las fuentes. Todos los inmuebles rurales adquiridos antes de 2007 y que no tenían valor fiscal, se regían por un ficto tanto para los contribuyentes de IRAE (renta de empresas) o de IRPF (renta personal).
Uno de esos fictos fue fijado en el 6% y sobre ese monto se calculaba la tasa del Impuesto a Renta de las Actividades Económicas del 25%, por lo que el promedio efectivo del aporte era del 2,4% (a pagarse cuando se vendía un inmueble rural). Ese monto será superior si se aprueba el nuevo impuesto.
Quedó afuera del proyecto el cobro del Impuesto al Patrimonio a los campos y el cambio de algunos aportes de Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) al IRAE. En tanto, se mantiene el cobro de un impuesto escalonado por franjas. Mujica había adelantado que quienes posean de 2.000 a 5.000 hectáreas (índice Coneat 100) deberán pagar U$S 8 por hectárea al año; entre 5.000 y 10.000 abonarán U$S 12, y por extensiones superiores a 10.000 hectáreas pagarán U$S 16.
Según las previsiones iniciales del gobierno, el impuesto al agro dejará una recaudación de U$S 60 millones para el Estado. La misma será utilizada casi en su totalidad para la refacción de la caminería rural que se encuentra en mal estado. Aunque podría ser empleada también para la compra de tierras para el Instituto de Colonización.