Opinion | 04 Ago La eficacia de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (HPV) es algo demostrado en el mundo, como un mecanismo de prevención ante varios tipos de cáncer de cuello uterino. Desde hace cierto tiempo existe en el Parlamento un proyecto de ley que establece al Estado y los organismos de salud la obligación de proveer gratuitamente esta vacuna habida cuenta de la alta incidencia de este tipo de cáncer entre las mujeres uruguayas.
En Uruguay muere por esta causa una mujer cada tres días, siendo esta una de las nefastas estadísticas que poseemos y una vergüenza nacional que habiendo una vacuna para prevenirla la misma no esté a disposición de la población en forma gratuita y por lo tanto, sólo puedan acceder realmente a ella que pueda pagarla.
Existen dos marcas comerciales de la vacuna en Uruguay. Ambas deben ser administradas en tres dosis en un plazo de seis meses y están autorizadas por el Ministerio de Salud Pública para ser inoculadas. Sin embargo, esta vacuna actualmente no está incluida en el Carné de Vacunación ni es administrada en forma gratuita por los servicios de salud. Lo que significa que en este momento puede ser adquirida con receta médica y es de libre acceso solo para quien la pueda pagar, puesto que cada unidad tiene un costo de algo más de 3.000 pesos.
A esto se suma la existencia de desconocimiento respecto a los beneficios de esta protección y, en consecuencia, ya sea por falta de información o por situación económica son muchas las mujeres que no tienen acceso a la vacuna.
Recientemente, una delegación de especialistas en pediatría y ginecología de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Ginecología Pediátrica y de la Unidad de Infectología del Hospital Pereira Rossell visitó la comisión parlamentaria que tiene en estudio este tema y plantearon la necesidad imperiosa de instrumentar gratuitamente la vacuna contra el HPV. Insistieron en contar con la vacuna como prevención primaria ya que el Papanicolau no ha logrado descender la mortalidad asociada a estos casos y alertaron que en el último estudio realizado en el país este año, se constató casos de cáncer en 5 adolescentes, de entre 15 y 18 años. Con estos argumentos y otros que ya se conocen y las sociedades científicas han expresado varias veces, no caben excusas para no aprobar e instrumentar la aplicación de la ley rápidamente. Una muerte cada tres días por esta causa es un problema de salud pública y es necesario obrar con urgencia para que, por falta de prevención, no se registre ni una sola más.