Opinion | 05 Ago Desde la Administración Vázquez está radicado en comisión del Senado un proyecto de ley que crea la Agencia de Promoción y el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet), que apunta precisamente a un monitoreo de la calidad de la enseñanza universitaria, tal como se hace en otros países de la región, por lo que hasta ahora nuestro país debe participar en las reuniones regionales del tema con una representación provisoria.
El tratamiento parlamentario del tema ha incluido consultas que se han formulado tanto a universidades privadas como a la Universidad de la República, pero si bien las primeras han respondido a la inquietud parlamentaria, la respuesta de la Udelar ha tardado debido a que aún está pendiente la consulta interna a la Asamblea General del Claustro para definir su posición sobre el proyecto y comunicarla posteriormente al Parlamento.
Han pasado casi cuatro años y la indefinición sigue pendiente, pero igualmente ya el proyecto ha merecido resistencia de las universidades privadas por considerar que la iniciativa entre otros aspectos establece que la Universidad estatal tendrá opinión preceptiva sobre las nuevas carreras que quieran lanzar las privadas.
De todas formas, el Ministerio de Educación y Cultura, según da cuenta El País, decidió el mes pasado eliminar del proyecto los aspectos referidos al reconocimiento de carreras de institutos, de modo que la agencia realice solo las actividades de acreditación, es decir separando las instancias de reconocimiento de las de acreditación.
La acreditación es precisamente una suerte de sello de calidad de las carreras a instituir que permite el reconocimiento y la comparación internacional.
Es positivo que el ministerio recoja los reparos interpuestos por las universidades privadas al modificar el proyecto de ley que crea la agencia de acreditación, por lo que se excedían las atribuciones otorgadas a la Universidad de la República, sobre todo si se tiene en cuenta que la postura histórica de la Udelar ha sido despectiva hacia las universidades privadas, cuyo desarrollo ha intentado trabar permanentemente y quedar como el único foco cultural y de formación a nivel terciario, a la vez de intentar erigirse en juez y parte de todo lo que se promueva en el área universitaria.
Pero mientras todavía se está procesando este proyecto, con modificaciones positivas, está funcionando el Consejo Consultivo instalado en el Ministerio de Educación y Cultura en el que los delegados privados son minoría, e incluso en estos días, según da cuenta el ex ministro de Educación Antonio Mercader, estos delegados han renunciado, “cansados de luchar contra un sistema que los desdeña”.
De acuerdo a lo que ha trascendido, los delegados de las universidades privadas han sido superados por la burocracia imperante en el sector, desde que sus propuestas son recogidas con parsimonia y lentitud y muchas veces “enterradas” por la fuerza de esta desconsideración, y en este sentido apunta Mercader que en realidad se está “ante una máquina de homogeneizar y de poner palos en la rueda a las iniciativas privadas en un sector como la educación superior, en donde debería alentarse la innovación, la creación y la diversidad de carreras en beneficio de los alumnos. Baste decir que el tiempo promedio de autorización de una nueva carrera es de cinco años”.
Uno de los renunciantes del sector privado, Pablo Landoni, sostuvo que al crecimiento y dinamismo de los privados se le oponen restricciones “provenientes de una regulación que otorga escasas posibilidades de expansión”, en tanto Claudio Rama, ex director del Instituto de Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe denunció a su vez “un enfoque político restrictivo de alta regulación derivado de un enfoque ideológico”, así como el hecho de que los controles “se aplican exclusivamente al sector privado, en tanto que el sector público no está sujeto a ninguna supervisión externa”.
Este es precisamente el punto, por cuanto desde siempre la Universidad estatal, de honda raigambre centralista y elitista, a la vez ha procurado por todos los medios a su alcance vetar la creación y desarrollo de universidades privadas, y mucho más aún, se ha opuesto tenazmente a ser evaluada desde afuera, cuando todos contribuimos a financiar la enseñanza estatal y pretendemos que sea instrumento de formación, desarrollo y enriquecimiento cultural de la sociedad.
Es decir que ha pretendido confundir autonomía con independencia, lo que no solo es contraproducente para la propia Universidad, sino sobre todo para el país, porque resulta que la enseñanza terciaria estatal sigue al margen del interés general, encerrada en sí misma y abroquelada en posturas ideológicas a contramano de la realidad y la evolución del mundo, pretendiendo ejercer un monopolio de hecho en una formación terciaria que necesita apuntar a la calidad y acompasarse a las necesidades del país.