Nacionales | 06 Ago El Ministerio del Interior aún no definió que la nueva cárcel se levante en Punta de Rieles, en Montevideo, en tanto firmó un convenio que permitirá la rehabilitación de reclusos para la vida social a través de trabajo rural, que podría ser en el departamento de Salto.
Un grupo de representantes de las organizaciones no gubernamentales ABC Rural (Asociación Bañados de Carrasco Montevideo Rural) y Aprac (Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco) se reunieron con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para trasladarle su preocupación por la posibilidad de la instalación en la zona de Punta de Rieles una nueva cárcel para 2.000 reclusos.
Los representantes de las organizaciones explicaron al ministro y al director general, Charles Carrera, que la anunciada instalación de una nueva cárcel en Punta de Rieles representaría un “gravísimo daño” para una zona rural de gran valor ambiental y paisajístico, y generaría un daño “irreparable” para los esfuerzos que públicos y privados realizan para la recuperación de la zona Bañados de Carrasco. Bonomi, por su parte, señaló que aún no se definió que la nueva cárcel se construya en Punta de Rieles.
Por otra parte, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Colonización firmaron un convenio de cooperación, políticas de estímulo, asistencia técnica y transferencia de conocimientos. El objeto del acuerdo es ejecutar un plan piloto donde las personas privadas de libertad en el último escalón de su rehabilitación social transiten por un tratamiento que incluya trabajo rural sin interrupción de sus relaciones conyugales y filiales. Con este convenio “se contempla la instrumentación de políticas de acción afirmativas, dirigidas a aquellos reclusos que han dado señales claras de interés y voluntad de encaminarse hacia una convivencia social, alejada del delito”, expresa el documento.
Bonomi explicó que este plan piloto prioriza un tratamiento que incluya a los privados de libertad con sus familias, porque con esta modalidad las posibilidades de recuperación impactan decisivamente en el resultado final. Ambos organismos formarán una comisión de especialistas, quienes determinarán las condiciones en las cuales se desarrollará el plan piloto.
El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Andrés Berterreche, comprende que la tarea educativa con los reclusos es la mejor forma de evitar la reincidencia del delito. “Las políticas de recuperación son políticas de todos, el instituto tiene que ser uno más en el Estado para apoyar este tipo de situación”, subrayó.
“Estamos hablando de un sistema carcelario basado en la progresividad”, explicó Bonomi. El sistema incluye desde un régimen de seguridad extrema hasta las mayores posibilidades de trabajo, incluida la libertad ambulatoria. El proceso de recuperación más profundo será el que se construya a partir de este convenio, señaló. La idea del Ministerio del Interior sobre el alcance de este convenio también incluye a las personas que ya cumplieron la pena y obtuvieron la libertad. De esta manera, los ciudadanos que cumplieron su castigo contarían con un lugar donde desarrollar los conocimientos adquiridos en la cárcel.
Durante las conversaciones se habló de la localidad de El Espinillar, a 5 kilómetros de la ciudad de Constitución, en el departamento de Salto, pero también de otros espacios, siempre de carácter rural. Los principales beneficiarios serían los privados de libertad del Interior. “Así ellos podrán contar con un estímulo para intentar salir rápidamente de las condiciones de privación de libertad, para encontrar un lugar en la sociedad. Nosotros sabemos que es posible”, concluyó el ministro.