Locales | 08 Ago El Instituto Nacional de Colonización (INC) decidió recontratar como funcionarios del organismo a los catorce trabajadores del ex vivero de la Colonia Ros de Oger, así como dejar sin efecto la cesión en comodato de sus instalaciones a la Intendencia Departamental de Paysandú, a cuyos efectos también se había suscripto el respectivo documento.
Así lo anunció a EL TELEGRAFO el asesor legal de estos funcionarios, Dr. Juan Lamas, quien recordó que en su momento se había suscripto un convenio con la Administración Pintos para que estos funcionarios fueran absorbidos como empleados por la Intendencia, ante la decisión del INC de discontinuar el vivero y redistribuir los funcionarios --quienes viven en la zona de Quebracho-- entre otras dependencias.
Al asumir Bertil Bentos como intendente se generó una renegociación con los funcionarios y el INC, así como la gremial Afinco, que reúne a los funcionarios del INC, desde que a juicio del jefe comunal existen impedimentos legales y se formula a la vez una imposición de carácter laboral fuera de lugar al municipio sanducero, en un tema que debe ser resuelto por el propio organismo empleador.
Lamas precisó que “nosotros seguíamos en la negociación, luego de haberse prorrogado el plazo establecido en el convenio para esta absorción, pero en las últimas horas ha surgido una resolución del Instituto Nacional de Colonización en la que el organismo comunica a la Intendencia de Paysandú el cese del pase en comisión de los catorce funcionarios, lo que significa que vuelven en régimen de contrato de función pública sin perder remuneración ni beneficios al INC”.
Aclaró que “es una solución que nosotros pedíamos, con la diferencia de que los trabajadores no han quedado presupuestados, por lo que pasan nuevamente al contrato de función pública, pero con el perjuicio de que mientras los catorce funcionarios han estado en comisión, el Instituto presupuestó al barrer a su plantilla de funcionarios de todo el país, por lo que en realidad este grupo ha quedado discriminado”.
“Quiere decir que se vuelve para atrás pero como contrato de función pública, es decir los únicos funcionarios del Instituto sin estar presupuestados”.
El único beneficio, destacó, se centra en que “no hay pérdida de retribución ni de ningún otro beneficio, en tanto paralelamente el Instituto anuncia que iniciará acciones contra la Intendencia de Paysandú, a la que intimará para el reintegro en tres días hábiles de las fracciones que integran la Colonia Ros de Oger, es decir el vivero”.
Situaciones independientes
Para el Dr. Lamas si bien se intima a la devolución de la fracción, el comodato por el cual el vivero pasó a manos de la comuna “era independiente de los catorce funcionarios. Por un lado estaba la decisión en comodato a la Intendencia, pero por otro lado, porque el propio Instituto quiso, se determinó que los funcionarios pasaran en comisión para luego ser presupuestados por la Intendencia”.
“La Intendencia dice que no puede cumplir con ese convenio ilegal que hizo la Administración Pintos con el INC que presidía entonces Gonzalo Gaggero --eso es algo que denunciamos siempre como defensor legal de los funcionarios-- y es legalmente imposible cumplirlo, porque no existe ninguna ley que habilite que funcionarios de un ente autónomo puedan pasar a un gobierno departamental, por más convenio que se quiera firmar”, precisó Lamas.
“Ahora la Intendencia no los puede tomar porque se dan cuenta de lo que nosotros venimos señalando desde que se firmó el convenio, como lo anunciamos a Gaggero y Pintos, e igualmente se siguió para adelante, pese a la ilegalidad”, manifestó el entrevistado.
Aclaró asimismo que en la reciente resolución del INC no se aclara dónde pasarán a cumplir tareas los funcionarios recontratados, pero se cuenta con la promesa del presidente del INC, Andrés Berterreche, expresada a los catorce funcionarios del vivero, de que “van a ser presupuestados en el futuro”.
“Esto hoy no se ha cumplido, pero esperamos que se cumpla”, señaló.
No se reunió comisión
A la vez indicó que formalmente nunca alcanzó a reunirse --“porque nunca nos citaron”-- la comisión cuatripartita conformada por el INC, la Intendencia Departamental, los funcionarios involucrados y Afinco, a efectos de considerar eventuales salidas a la situación.
“Solo se hizo en su momento una pequeña reunión, en la que no compareció el Instituto, y solo vino Afinco, apuntando a que se respetara el convenio, en una actitud que consideramos era de respaldo a la postura del Directorio y no de defensa de los funcionarios que no tienen interés de pasar a la Intendencia”.
Evaluó el Dr. Juan Lamas que en el marco de las gestiones que se han desarrollado desde hace dos años por este tema, no se ha contado con respaldo del Pit Cnt a estos funcionarios, “pero sí por la Asociación de Colonos del Uruguay, que es el único que los ha apoyado”.