Opinion | 12 Ago Venezuela, Ecuador, Argentina. Ahora Bolivia. En tanto en Uruguay el tema ha comenzado a ser debatido dentro de los mismos parámetros. La libertad de expresión y especialmente de opinión vuelve a ser puesta en peligro por quienes están en el gobierno. Bolivia acaba de sancionar una nueva ley de telecomunicaciones que restringirá severamente la participación del sector privado en esa actividad. Denominada ley de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, la norma restrictiva ha sido aprobada por el Parlamento boliviano, dominado sin dificultades por el Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera Evo Morales. También allí el autoritarismo procura desde hace rato silenciar el disenso e inculcar férreamente el discurso único, esto es, el que predica el oficialismo.
La ley incluso pone en riesgo la privacidad y seguridad de cualquier habitante en la medida que no solo pone inmediatamente “a disposición del Estado” a todos los medios de comunicación, incluidos los operadores de Internet, sino que posibilita las escuchas telefónicas sin necesidad de autorización judicial de ningún tipo en casos de “conmoción interna” o de amenazas contra “la seguridad del Estado”, o de desastres naturales o agresiones externas. La nueva norma permite además al Estado cerrar aquellos medios que, a su criterio, propalen reiteradamente opiniones que sean consideradas por el poder como racistas o discriminatorias.
De ahora en adelante, los privados sólo podrán tener un 33 por ciento del espacio radioeléctrico. Otro 33 del sector quedará directamente en manos del Estado. Un 17 por ciento adicional estará a disposición de los sindicatos y el otro 17 se distribuirá entre los movimientos indígenas, o sea entre aquellos que sean afines al gobierno, aunque la ley no lo diga.
De esta manera, el gobierno de Evo Morales controlaría nada menos que el 67 por ciento de las licencias de radio y televisión que seguramente emitirán mensajes afines a los de su gobierno, ya que esa es la intención no ostensible de la nueva legislación.
Cuando se silencian las voces opositoras resulta más sencillo el control y la manipulación de la opinión pública, pero de eso han sido acusados desde siempre los gobiernos de derecha y extrema derecha. No obstante actualmente son los gobiernos populistas quienes impulsan el pertinaz control de la prensa. Lo que tan duramente combatieron, el mismo silencio que sufrieron, ahora les sirve como bastón de apoyo. La asimetría que Morales promueve abiertamente en favor del dominio de los medios por parte del sector público no es el camino. Sólo cercena impunemente la libertad de opinión.