En la dirección de turismo de Salto

Locales | 16 Ago El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) culminó su informe de auditoría sobre la gestión en la Dirección de Turismo de Salto durante la pasada administración, donde se constataron “irregularidades” que podrían determinar el pase a la Justicia de ese informe.
La Secretaria General de la Intendencia de Salto, Cecilia Eguiluz, dijo a EL TELEGRAFO que el informe se aprobó en la sesión del miércoles, y que recién llegará a la intendencia “el lunes o martes”, por lo que no conocen en detalle el resultado, aunque sí trascendieron detalles. El TCR tiene siete integrantes, cuatro del Frente Amplio, dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.
Nueve meses de estudio
El informe es el trabajo que hizo el TCR durante nueve meses, analizando una gestión administrativa y política que fue cuestionada desde la oposición y hasta de las mismas filas del Frente Amplio durante la administración de Ramón Fonticiella.
Eguiluz recordó que al comenzar la gestión de Germán Coutinho al frente de la comuna, se analizaron las opciones de hacer auditorías internas o externas, y primó que las hicieran desde fuera de la Intendencia, y entre las empresas privadas y el Tribunal de Cuentas se optó por el organismo público.
Durante la dirección de Marcelo Fonticiella -hijo del ex Intendente- al frente de Turismo, se habrían cometido irregularidades que, según dijo Eguiluz, “no implica que se hayan cometido delitos, eso lo considerará el departamento jurídico de la Intendencia, se formará una comisión especial para analizar todo el informe y se actuará en consecuencia de los que sea confirmado”.
En la intendencia salteña, del Partido Colorado, el asesor letrado municipal es Fulvio Gutiérrez, profesor universitario y ex candidato a diputado por el Partido Nacional.
“es una versión”
En cuanto a lo informado sobre el pase del informe del TCR a la Justicia, la Secretaria general dijo que “el Tribunal no aconseja, simplemente da su informe, donde se habrían constatado irregularidades que luego serán analizadas para saber qué corresponde hacerse”.
“Es un tema que queremos tratar con cautela, de forma responsable y seria”, dijo Eguiluz, agregando que “no queremos entrar en revisionismos, sino mirar al futuro”, destacando que “será bueno porque además si hay cosas que hacen mal o errores, deben ser corregidas”.
De todas maneras, en Salto ya están considerando la posibilidad de poner en marcha lo previsto en el artículo 124 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que dice que “cuando como consecuencia de la responsabilidad financiero-contable emergente de la resolución administrativa, (artículo 130), surgiere un perjuicio para el patrimonio estatal, podrá caber la presunción de la responsabilidad civil del infractor”.
“Cuando se presuma la existencia de delito, el jerarca respectivo, sin perjuicio de disponer de inmediato la investigación o sumario correspondiente, formulará sin demora las denuncias judiciales pertinentes con remisión de todos los antecedentes de que disponga”.
“En tales casos la Administración podrá solicitar la adopción de medidas cautelares que correspondan para asegurar el resarcimiento o la indemnización al patrimonio estatal”.