Opinion | 11 Ago Las personas más capacitadas para ocupar los cargos, por sus condiciones e idoneidad, y no por su filiación política, había sido una de las premisas que había comprometido en la campaña electoral el expresidente Tabaré Vázquez, y en esta misma línea se había expresado el actual mandatario José Mujica, lo que naturalmente es un concepto ampliamente compartible y que a la vez significa revertir formas de actuar históricas en las sucesivas administraciones de gobierno.
Así, los cargos “premio” en determinadas áreas de la administración pública, como así también en el ámbito diplomático, se han distribuido por amiguismo político, sobre todo compensando a dirigentes que se habían postulado para cargos legislativos y no habían logrado el suficiente respaldo popular para salir electos y evitar de esta forma que quedaran a la intemperie.
Lamentablemente, lo que tanto había criticado --y con razón-- el Frente Amplio a los partidos tradicionales, lo ha practicado con particular intensidad en los dos períodos de gobierno, aunque este concepto ya lo había puesto de relieve Vázquez cuando ocupó la titularidad de la Intendencia de Montevideo, en la que distribuyó con rigurosidad matemática los cargos de directores entre todos los sectores de su partido, más allá de su capacidad y formación.
Hizo lo mismo cuando ejerció el cargo de presidente, al punto que por motivaciones políticas designó ministros a los cabeza de sector, de forma de contentar en la medida de lo posible a todos los grupos de la fuerza de gobierno, y la misma premisa aplicó Mujica en lo que refiere a la distribución de cargos ministeriales y de otras jerarquías en su administración de gobierno, al extremo que en el caso de los ministerios introdujo la fórmula de que el ministro sería de un sector y el subsecretario de otro.
Este concepto está en las antípodas de lo que se promovía en la campaña electoral y lo que aconseja el sentido común, por cuanto lejos de considerarse como prioridad el interés ciudadano, que merece a los más capacitados para ejercer los respectivos cargos, se ha optado por salidas políticas a efectos de evitar rencillas internas y satisfacer muchas veces a quienes se sienten postergados en las designaciones dentro de su partido.
De esta forma, han llegado a determinados cargos personas que en el mejor de los casos tienen una formación profesional que nada tienen que ver con la función para la que han sido promovidos por el gobierno, desde que prima el concepto de “confianza política”, e incluso ha habido gobiernos en los que había polififuncionales que han sido rotados de un ministerio a otro, y tenemos que uno de ellos en el actual gobierno es el economista Daniel Olesker, quien ejerciera el cargo de ministro de Salud Pública y fuera designado recientemente para ocupar la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social, para así mantener determinado equilibrio político.
Y no se trata de cuestionar la disposición ni actitud de la o las personas involucradas, sino de la forma de actuar en política tanto por el Frente Amplio como por los partidos que lo han precedido, desde que por más excusas o seudoexplicaciones que se den, la verdad es que se mira solo hacia adentro, a lo que más conviene a la fuerza de gobierno, a premiar “lealtades” antes que a designar los más capaces para cada función.
Esta visión se ha puesto de manifiesto desde siempre en el servicio exterior, donde hay premios como embajadas –los más apetecibles— pero también de agregadurías diplomáticas, de encargados de misión, etcétera, con viáticos y remuneraciones de novela, que son distribuidas en base a simpatías personales, con un criterio general de la que no se escapa ninguna administración.
Tenemos así por ejemplo que lejos de tender a profesionalizarse la carrera diplomática, como se había promovido como bandera en esta administración, siguen las designaciones políticas en el llamado escalafón M, con 19 nombramientos de este tipo entre 60 cargos, tratándose de quienes viajan al exterior como encargados de misiones y de representar al país, a la vez de incorporarse cinco cargos de “embajadores itinerantes”, que serán desempeñados por figuras políticas que no han tenido mucha suerte en las designaciones. A ello se agrega la promoción de un proyecto de ley para que funcionarios de Cancillería que realizan trabajos administrativos puedan salir al exterior en las mismas condiciones que diplomáticos de carrera.
En este como en los casos mencionados, y en un marco de concepto general, se facilita el acceso a estos cargos de personas de confianza política, muy lejos del concepto de idoneidad, aptitud y formación técnica que son la base de una administración eficiente, por lo que más allá de las promesas y de los eslóganes de ocasión, no hay nada nuevo bajo el sol, y una y otra vez en la cima del poder se hace lo que antes se criticaba a otros, confiando en la flaca memoria de la ciudadanía.