Escribe el Doctor Rodolfo Canabal

Locales | 16 Ago Es muy claro que prevalece el concepto que considera que la independencia del Poder Judicial debe ser amparada, defendida, con firmeza, pues coincide con la necesidad de que se ampare y defienda la plena vigencia del sistema jurídico constitucional, y paralelamente del régimen democrático nacional, que garantiza los derechos humanos, pues precisamente la separación del estado en tres “poderes”, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que ya en el siglo XVIII promovía con profunda convicción y razón Montesquieu, buscó por la vía del recíproco contrapeso y equilibrio entre los tres poderes fundamentales asegurar el buen cumplimiento de sus esenciales funciones, diferentes, pero complementarias.
Por ello se han emitido opiniones que no ven con favor la idea de crear un Ministerio que atienda en el Poder Ejecutivo todo lo que, a dicho Poder corresponde con relación al Poder Judicial, y también al Ministerio Público y Fiscal, pues ello, vale decir, la asignación exclusiva de atribuciones referidas a las de dicho Poder tiene, en sí mismo, el riesgo de generar la eventual incidencia en las competencias propias de dicho Poder, obviamente totalmente ajenas al Poder Ejecutivo. Y por tanto se ha entendido conveniente mantener inalterado el régimen vigente desde tiempo inmemorial, vale decir, que la relación Poder Judicial-Poder Ejecutivo continúe integrando las muy amplias que compete ejercer al Ministerio de Educación y Cultura, pues ha respetado tal independencia.
Para sustentar tal criterio se han dado hechos decisivos para basar la oposición a tal creación. En efecto: tal como el diputado Dr. Pablo Abdala informó en nota insertada en el ejemplar de “La Democracia” del 5 del corriente, al elevarse al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas última, acompañó el Poder Ejecutivo un llamado “informe de avance” sobre eventual creación de un “ministerio de asuntos de justicia y derechos humanos”, según le había encomendado al respecto la ley presupuestal en vigor, votado ello en exclusividad por legisladores del Frente Amplio.
En dicho “informe de avance” sostiene el Poder Ejecutivo, entre conceptos que aluden a la eventual incorporación a dicho Poder, de funciones que hoy están atribuidas a otros poderes del Estado, algo que causa gran preocupación: propone debatir sobre “el contenido y el alcance del concepto de independencia técnica de los principales actores relevantes”. A su respecto el Dr. Abdala, en su nota, informa que “la formulación, estricta y genéricamente, comprende a jueces y fiscales, pero las autoridades dijeron que, en verdad, está referida a los últimos, ante una pregunta concreta que al respecto les realizamos”.
Vale decir: quienes integran la fuerza política gubernamental, si tienen el deseo de debatir acerca, se reitera, “del contenido y el alcance del concepto de independencia técnica” de quienes integran el Ministerio Público y Fiscal, es porque tienen dudas (en verdad, más bien porque les molesta) tal independencia, algo que, ciertamente, no se tiene conocimiento de que se haya dado antes en el país durante el normal funcionamiento constitucional, pues ninguna duda interpretativa habían tenido, en general, quienes ejercieron funciones técnicas como docentes o como asesores, y tampoco quienes ejercieron funciones gubernamentales, o con ellas vinculadas, desde hace decenios. Pero tal molestia es muy claro que se dio durante el período precedente, pues trascendieron con amplitud algunos casos; pero basta recordar el vinculado con el Fiscal de Corte, Dr. Rafael Ubiría, cuando fue notorio que su dictamen contrario a la constitucionalidad del impuesto a la renta de las pasividades le generó insólito hostigamiento del Poder Ejecutivo. Por tanto, de lo expuesto emerge que lo que está todavía en vías de futuro proyecto es, nada menos, que la idea de analizar si es pertinente que los fiscales actúen con independencia técnica, como corresponde obviamente y es honrosa tradición nacional, o si deben someterse al dictaminar a lo que técnicamente les sugiera o les imponga la autoridad administrativa de la cual jerárquicamente dependen, sin duda algo que aportaría muy grave desprestigio para nuestro régimen jurídico, que vería afectada la seriedad que debe prevalecer cuando se ejercen tan importantes funciones.
Y obviamente, si tal es la idea que se piensa analizar, absolutamente improcedente, y hasta antiética, no existe seguridad acerca de que, por tal vía, no esté en riesgo la independencia del Poder Judicial.