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Paysandú, Viernes 19 de Agosto de 2011

Patrimonio vegetal

Opinion | 16 Ago En una época en que el frío hace apelar a todos los recursos energéticos disponibles, la leña es uno de los casi imprescindibles en hogares de toda condición socioeconómica. En la vía pública, ofrecida a través de medios de comunicación y por otras formas más tradicionales como el reparto puerta a puerta, la leña llega a los hogares y no siempre nos preguntamos de dónde sale y cómo.
Y no es desconocido para nadie que en algunos lugares también se vende leña proveniente de monte nativo. En algunos casos, esa tala puede responder a usos planificados, legales y autorizados, pero en muchos otros no ocurre así. La tala puede responder a un manejo racional o sustentable si se realiza con el criterio de conservarlo. Sin embargo, rara vez es el caso en el monte nativo y no es extraño que éstos sean objetos de talas en forma desmedida.
Uruguay cuenta con unas 740.000 hectáreas de bosque nativo, que se encuentran protegidas por la Ley 15.939 que establece la prohibición de su tala, a excepción de los casos en que el producto de la explotación sea para consumo interno del establecimiento o cuando se cuente con un plan de explotación y manejo del monte nativo aprobado por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
La tala de árboles y el desmonte generan problemas ecológicos, económicos y sociales, debido a que los árboles son elementos constitutivos fundamentales en la mayoría de los ambientes naturales de nuestro territorio. En el caso concreto del desmonte de especies nativas para venta de leña --porque a veces se realizan otros con finalidades distintas-- se requieren varias infracciones para que llegue a las ciudades, tales como que haya un propietario de monte dispuesto a cortarlo, que alguien pueda luego transportarlo y comercializarlo, y finalmente que haya un mercado consumidor de esa leña.
El problema es que aunque la tala sea ilegal, determinar responsabilidades entre varios actores, así como la falta de personal para fiscalizar por parte de los organismos competentes y la escasa conciencia de la ciudadanía, hacen que los montes sigan siendo deforestados, perdiéndose así no sólo el patrimonio vegetal del país, sino también generándose modificaciones en ecosistemas y propiciando la desaparición de especies tanto vegetales como animales. Como consumidores tenemos también una responsabilidad sobre estas cuestiones cuyos alcances generalmente desconocemos pero no por ello dejan de ocurrir.


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