EL FIN DEL DESPOTISMO ILUSTRADO

Locales | 14 Ago (Por Horacio R. Brum). En el siglo XVIII, cuando comenzaban a temblar los cimientos de las monarquías europeas, algunos reyes intentaron frenar el curso de la Historia dando a sus pueblos reformas y derechos, en una actitud que se resumió en la frase: “Todo para el pueblo, pero sin la intervención del pueblo”. Dos siglos y una década más tarde, ese concepto bien podría describir el funcionamiento de la democracia en Chile y a la vez explicar la intensa corriente de descontento ciudadano, que por estos días se manifiesta en las protestas estudiantiles más grandes desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
Chile es una democracia autoritaria, donde el presidente de la República tiene más poder que el Parlamento en la creación de leyes, e incluso puede obligar al poder Legislativo a tratar con urgencia aquellos proyectos que son de interés directo del Ejecutivo. Los gobernantes regionales no son elegidos por la ciudadanía, sino designados desde Santiago, y si bien los alcaldes obtienen su cargo por el voto popular, los concejos municipales son poco más que un conjunto de figuras decorativas. Por otra parte, no existen instrumentos de expresión ciudadana, como el plebiscito o la iniciativa popular para proyectos de ley, y cualquier manifestación pública debe contar con el permiso de las autoridades. La Constitución de 1980, creada por el régimen militar, ha sido modificada -siempre por iniciativa presidencial, y sin un debate público- en sus aspectos más obviamente dictatoriales, pero sus fundamentos se mantienen y ningún gobierno ha estado dispuesto a convocar a una asamblea constituyente para reemplazarla. Además, por un sistema conocido como “binominal”, sólo pueden llegar al Parlamento los políticos que hayan recibido la mayoría de los votos y aquellos que les sigan inmediatamente en el número de sufragios, lo cual deja fuera del Legislativo a los representantes de los partidos más pequeños. En las elecciones no existen las listas de suplentes, y cuando se produce una vacante, ésta es llenada “a dedo” por la maquinaria de los partidos o por el propio presidente. Esto es lo que hizo hace algunos días el presidente Piñera, que empleó un senador para un recambio ministerial y envió a una exministra a ocupar la banca.
En esta falta de válvulas de seguridad para la liberación de las tensiones ciudadanas puede estar el origen institucional de la ola de protestas que vive el país desde hace varios meses. No obstante, todo parece indicar que gran parte de los chilenos están dejando de creer en esa imagen de país casi desarrollado que construyeron, sobre la herencia económica del gobierno dictatorial, muchos políticos de la izquierda y la derecha y que aún compra el mundo exterior, en especial América Latina. Los estudiantes protestan por algo que en otros países parece algo elemental: el derecho a una educación gratuita y de calidad. En la primaria y la secundaria, los colegios públicos pierden cada día más alumnos, porque el régimen de administración municipal determina que sólo las municipalidades más ricas puedan proveer una buena educación. En las universidades, ni siquiera las estatales son gratuitas y una estadística internacional reciente reveló que Chile es el país en el cual las familias deben gastar más para financiar la educación superior de un hijo. Las mensualidades pueden superar los 1000 dólares, casi el equivalente al sueldo promedio nacional, y muchas instituciones privadas no son más que negocios que se cierran, se compran y se venden según la voluntad de sus dueños, sin que nadie se haga cargo del destino de los alumnos.
El fin del lucro universitario es otro de los petitorios de los estudiantes. Tener a una parturienta esperando en el pasillo del hospital, mientras su esposo busca desesperadamente el dinero para pagar los insumos, porque de lo contrario no la internan, no es un invento de propaganda antigubernamental. Es una historia de la vida diaria verificada por este corresponsal; los hospitales públicos solamente atienden gratis a los indigentes y aún con el seguro nacional de salud hay que hacer pagos complementarios. En el sistema privado, y pese a algunas prohibiciones oficiales, no es raro que quien es atendido de emergencia, o sus familiares, deban firmar una letra de garantía antes de continuar el tratamiento.
Hace algunas semanas se descubrió que una gran tienda, la mayoría de cuyos clientes son gentes de escasos recursos, “repactaba” las deudas de los clientes sin que ellos lo supieran. Así, les alargaba el plazo para saldarlas, pero les imponía intereses que en muchos países serían usurarios, pero están permitidos por las leyes financieras chilenas. Un crédito para una plancha, por ejemplo, que originalmente era de unos 50 dólares, pasó a 600. Esta es solamente una muestra de los numerosos abusos que a diario cometen las empresas de todo tipo, y no en vano los bancos de este país son los más rentables de la región y están entre los que más ganancias obtienen en el mundo.
En ese contexto, cualquier protesta más o menos organizada cuenta por estos días con las simpatías de amplios sectores de la población. Los mineros que piden mejores sueldos; los damnificados del terremoto de 2010 que aún no se ven en las casas prometidas por el gobierno; los transportistas que sufren las continuas alzas de los combustibles; los homosexuales, que se sienten engañados porque el Piñera candidato les prometió una ley para garantizar los derechos de las parejas estables, y el Piñera presidente da ahora largas al asunto, buscando cómo cumplir esa promesa sin ofender a sus socios políticos más conservadores; los ciudadanos comunes y corrientes, que en Santiago ven cómo sigue aumentando el precio del boleto de ómnibus, sin que mejore el servicio. La lista de reclamos es muy larga, para un gobierno que prometió grandes cambios, sin considerar que muchos de ellos no se pueden hacer sin afectar los intereses de los sectores empresariales, de donde provienen el presidente y la mayoría de sus colaboradores. El manejo del conflicto estudiantil es un ejemplo de cómo el “despotismo ilustrado” ya no alcanza para resolver los conflictos en Chile: tras más de dos meses de movilizaciones, con numerosas universidades, escuelas y liceos ocupados, el presidente Sebastián Piñera no se ha dignado a convocar a una gran reunión nacional sobre el futuro de la educación. Ha preferido elaborar propuestas tras los muros del palacio de gobierno y simplemente enviarlas al Parlamento, los rectores de las universidades y los estudiantes. Una tras otra han fracasado y esta semana, la única respuesta oficial parece ser el endurecimiento de la represión.