Opinion | 20 Ago Recientemente se dispuso por el Poder Ejecutivo la creación del denominado Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río Uruguay, un órgano consultivo, deliberativo, asesor y de apoyo a la autoridad de aguas para la formulación y ejecución de planes en materia de aguas.
Este órgano funciona en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y se le han fijado competencias que entre otros aspectos comprenden la formulación de un plan regional de recursos hídricos, además de vincular al Poder Ejecutivo con los demás actores involucrados en la formulación y ejecución de planes y demás instrumentos de la política nacional de aguas.
Por cierto que los cometidos de este grupo de trabajo responden a un espectro muy amplio, si se tiene en cuenta que la región tiene una gran riqueza y opciones en materia de recursos hídricos, y que existen competencias superpuestas y aspectos legales que pueden confundir a la hora de los derechos y deberes de uso. Por lo pronto el Consejo tiene entre sus potestades el proponer criterios generales para el otorgamiento de derechos de uso de los recursos hídricos y para la cobranza por su uso, articular acciones con actores implicados para abastecimiento de agua potable, inundaciones y drenaje, pesca, transporte fluvial, aprovechamiento hidroeléctrico, uso del suelo, medio ambiente, hidrología y meteorología, entre otros.
Otras de sus posibilidades refiere a proveer asesoramiento en proyectos para aprovechamiento de recursos hídricos y entender en asuntos que les sean elevados por las comisiones de cuencas o acuíferos, lo que indica que la tarea que tiene por delante el Consejo es muy vasta y necesaria, en un país en el que no se ha valorado debidamente el potencial de estos recursos.
Es de esperar que la acción del Consejo no se limite al impulso inicial, sino que por el contrario asuma gradualmente y sin pausas una tarea que presenta grandes desafíos y que es de singular significación en la región, a partir de la diversidad de usos posibles de un recurso que el país tiene en abundancia pero que necesita desarrollar con aporte de infraestructura y en forma racional.