Opinion | 18 Ago Tras un emplazamiento público a que se pronunciara sobre el tema formulado por el senador colorado Pedro Bordaberry, el ex presidente Tabaré Vázquez se manifestó en las últimas horas en contra de la baja de la edad de imputabilidad para los menores. Durante varios meses de insistencia, Bordaberry había procurado que Vázquez se definiera, y por su lado, terciando en el tema, el senador Jorge Larrañaga celebró que el ex mandatario “bajara del Olimpo” y en los hechos se sumara a su posición.
Las posiciones en la campaña por la baja de edad de imputabilidad quedaron claras, aunque todavía hay algunas indefiniciones sectoriales y personales en el mundillo político, donde no solo hay de por medio posturas en relación con una problemática muy compleja y que es de primera prioridad para los uruguayos, sino que a la vez está presente un componente político-ideológico-electoral, tal como están planteadas las cosas.
La baja de la edad de imputabilidad “no soluciona el problema, no estoy de acuerdo. Creo que es un problema y una responsabilidad de todos, de toda la sociedad, del gobierno y de la oposición política”, sostuvo Vázquez en ocasión de inaugurar un nuevo centro oncológico en la mutualista de la Sociedad Española, y consideró que “el camino parlamentario que se está siguiendo es el mejor”. Agregó que si se baja la imputabilidad de 18 a 16 años “después habrá que plantearse bajar a los 12 o a 8 a los 9 años”, lo que realmente aparece ya como un ensayo de futurología y un tremendismo que apuesta al fracaso de la iniciativa de plebiscito.
Bordaberry respondió que el ex presidente “es bastante coherente cuando dice que no está de acuerdo; se alineó con su Partido Socialista y sus ministros (del Interior) José Díaz y Daisy Tourné”, además de recordar que el primer ministro del Interior de Vázquez, José Díaz, liberó 1.200 presos sin medidas de contingencia.
“El gobierno de Vázquez, y las decisiones que tomó con Díaz, provocó un aumento de la violencia y la delincuencia juvenil. Esto que se ve a muchachos con revólveres como en el far west en las estaciones de servicio no existía en Uruguay, fue fruto de las políticas equivocadas de ellos”, señaló el líder de Vamos Uruguay.
Estos enfrentamientos ya de corte político tienden lamentablemente a situar el escenario donde no corresponde, si tenemos en cuenta que el problema de la delincuencia inimputable recoge opiniones diversas entre votantes de todos los partidos, pero lo que sí es un hecho es que todos los uruguayos, del partido o ideología que cultiven, somos víctimas de un sistema que no ofrece respuestas y que nos ha dejado a todos, en mayor o menor grado, inermes ante delincuentes precoces que no responden ante nada ni ante nadie, que agreden indiscriminadamente a la sociedad y que a la vez se ceban en personas de edad a las que consideran víctimas fáciles para el robo y la rapiña.
Durante mucho tiempo, además, se ha metido la cabeza en un agujero y se los ha tratado simplemente como “pobrecitos” --sobre todo por sectores de izquierda--, como víctimas de un sistema perverso, como un producto de una sociedad injusta ocasionado por políticas neoliberales.
Desde el gobierno se ha visto por fin –muy tarde-- que las políticas de mano blanda y la “hipercomprensión” no han dado resultado, porque la problemática es mucho más vasta que la puesta de un mundo en blanco y negro, y recién ahora se están ensayando tímidas respuestas en cuanto a disponer una mayor acción de una Policía que igualmente tiene las manos atadas por una legislación absurda y a la que el sistema político tiene la obligación de modificar.
El poner en la Constitución disposiciones como la baja de la edad de imputabilidad no es la solución mágica, porque no debería ser un tema de índole constitucional sino legislativo y administrativo, y ello indica que es el sistema político el que debe ponerse de acuerdo para dar respuestas que no pueden pasar simplemente por la baja de la edad a los 16 años. Pero la respuesta al llamado para firmar por un plebiscito en este sentido sí es un mensaje directo de la ciudadanía a los partidos omisos en esta problemática, que es precisamente la fuerza de gobierno, para que se dejen de lado esquemas ideológicos y se actúe en consonancia con el desafío instaurado hace años y al que solo se le dan largas esperando que los zapallos se acomoden solos en el carro. Y de paso, que de una buena vez terminen de echarle las culpas de todo lo malo que sucede a la --al parecer, eterna-- “herencia maldita” y el “neoliberalismo” del siglo pasado, y que encaren soluciones reales e inmediatas a los problemas de la gente.
Respecto a la minoridad infractora, con un mínimo de sentido común, debe evaluarse que al tener la posibilidad de detener a menores —sean imputables como adultos o como menores--, lo que debe hacerse es, lejos de recluirlos en cárceles donde se perfeccionarían en el crimen, incorporar centros de rehabilitación y reclusión que realmente cumplan con su cometido, como se ha establecido ya por ley pero que no se traduce en hechos con la celeridad que la hora exige.
El instituto de rehabilitación previsto debe contar cuanto antes con un edificio adecuado, empezando por cumplir con el cometido de contener y evitar que escapen los delincuentes precoces, a la vez de trabajar en la rehabilitación en forma profesional y con vigilancia adecuada, a la vez de separarse a los infractores contumaces de otros menores que son sí son victimas de una problemática social muy compleja.
Es por lo tanto hora de despartidizar el tema, de trabajar en serio por soluciones sin cálculos electorales de por medio, tanto del lado del gobierno como de la oposición, porque está de por medio la calidad de vida de una población asediada por la delincuencia, que con toda justicia reclama respuestas sin más dilaciones en lugar de discusiones mediáticas para sacarse el lazo y cargarle el fardo a otro.