Opinion | 22 Ago En las últimas horas el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley denominado de “Organización del Sistema Penitenciario Nacional” que regirá todas las cárceles del país y también el Instituto Nacional de Rehabilitación, con una serie de aspectos que aparecen ya a primera vista como muy controvertidos y que sobre todo no tienen en cuenta la negativa experiencia que significó la norma de “humanización” del sistema carcelario que se puso en vigencia durante la cuestionada gestión del ex ministro del Interior José Díaz.
El proyecto prevé que cuando el hacinamiento supere el cincuenta por ciento –lo que es considerado crítico— se comunique a los jueces penales sobre los reclusos con dos tercios de la pena cumplida u otras condiciones que habiliten su liberación o medidas alternativas a la prisión.
La sola mención de este elemento aparece como una tomada de pelo a la sufrida ciudadanía que sistemáticamente es azotada por una delincuencia cada vez más agresiva y extendida, cuando además la Justicia es remisa en procesar y remitir a delincuentes consumados –ni hablemos de los menores infractores-- por deficiencias de legislación pero también por decisiones controvertidas de magistrados que no ponderan debidamente los alcances de sus fallos, por decir lo menos. Pero hay más: el proyecto clasifica a los privados de libertad en items, que son género, estado del proceso penal, primarios o con antecedentes y estado de salud, en tanto las cárceles también están clasificadas de acuerdo a criterios de seguridad progresivos, de forma de poder discernir en las excarcelaciones adelantadas como consecuencia del hacinamiento.
Ante la ola de críticas, integrantes del Poder Ejecutivo se han apresurado a señalar que solo se trata de un documento base de propuesta que pasa al Parlamento y que seguramente será objeto de mejoras en el tratamiento parlamentario, pero ello no quita que la iniciativa esté precisamente en las antípodas de lo que reclama con toda justicia la ciudadanía, harta de ser avasallada en sus derechos y ver afectada en su calidad de vida por la acción de antisociales a los que es preciso rehabilitar pero también contener, y no manejar excusas para lanzarlos de nuevo a la senda del delito porque el Estado no cumple con su cometido de contar con establecimientos adecuados para desarrollar estas acciones básicas, que es lo menos que se puede pedir.
El Estado debe proveer los espacios básicos para contar con recintos carcelarios adecuados, y en la disyuntiva de devolver a las calles a delincuentes por “hacinamiento” o retenerlos en las cárceles, debe optar en principio por respaldar los derechos de los ciudadanos y construir cárceles, cuando por otro lado además se destinan cuantiosos recursos a destinos que no son prioritarios.
A esta altura nadie con un mínimo conocimiento de la realidad nacional puede desconocer que la seguridad es un problema de primer orden para los uruguayos, pero el gobierno parece seguir en otra cosa, defendiendo todavía la tesis que siguieron los ex ministros José Díaz y Daisy Tourné, que en aras de considerar a la sociedad como “culpable” de que haya tan alto número de delincuentes, deben darse “oportunidades” de reinserción como sea, liberando delincuentes antes de que cumplan su pena porque, total, si vuelven a delinquir –como ocurre en la gran mayoría de las veces-- la propia sociedad lo merece porque los ha empujado a ello, en su particular concepción.
Entre 2005 y 2006 tuvo lugar la liberación masiva de casi ochocientos delincuentes, nada menos, con un alto porcentaje de reincidencia, y lejos de aprender la lección, se vuelve a transitar este camino con un mensaje que está situado precisamente en las antípodas de lo que necesita escuchar la ciudadanía, que es el de atacar la inseguridad por todos los medios al alcance, en lugar de manejar excusas insólitas, como pretender justificar la liberación porque las cárceles hacinadas no ofrecen posibilidades de rehabilitación y que por lo tanto el mal menor es tener a los delincuentes sueltos para que vuelvan a hacer de las suyas.
En realidad, “para hacerla corta”, como suele decir el ciudadano común, la propuesta gubernamental no es más que una mezcla de resignación con impotencia y desaprensión hacia la sociedad, un remedio que es tan malo como la enfermedad y que --peor aún-- la agrava en lugar de generar soluciones reales que estén desprovistas de un contenido ideológico que hasta ahora solo ha arrojado rotundos fracasos.