Nacionales | 22 Ago Se presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio del Interior debido a que 29 de los 31 centros carcelarios de todo el país no cuentan con habilitación de Bomberos. La Fundación Justicia y Derecho presentó una denuncia ante el magistrado de 3° Turno, Pablo Eguren, para que se regularice esta situación.
“Presentamos el recurso porque esta irregularidad implica violación de derechos humanos, libertad, seguridad, integridad física y derecho al trabajo. Además no solo están bajo riesgo los presos, sino también los trabajadores, niños y visitas”, explicó el coordinador de la fundación, Javier Palummo. Se basaron en un informe proporcionado por la Dirección Nacional de Bomberos, donde se indicó que los únicos centros que cuentan con habilitación son: la cárcel departamental de Artigas, vigente desde el 13 de octubre de 2010, y El Molino, para mujeres con hijos, que vence el 10 de diciembre de 2013. En tanto, la cárcel de Rivera tiene la habilitación en trámite, ya que se encuentra en construcción y a Punta de Rieles se le venció en junio de este año. “Queremos evitar otra tragedia como la ocurrida en Rocha, no es la primera instancia de este tipo que tenemos con el Ministerio”, agregó.
Meses atrás, la fundación realizó un juicio de las mismas características, en base a la ley de acceso a la información pública. Esto fue consecuencia de la falta de respuesta ante la solicitud del informe hecho a la cartera, sobre la cantidad de habilitaciones de Bomberos. El día anterior a la primera audiencia fijada por el Juzgado, el Ministerio envió la información solicitada.
“Nosotros realizamos los recursos de amparo en base a las normativas internacionales de derechos humanos. Queremos que se respeten”, explicó Palummo. En caso de una resolución favorable para la fundación, el Poder Judicial deberá obligar a la sede ministerial a regularizar la situación.
La fundación trabaja en este sentido desde 2004 y anteriormente presentó recursos similares por las situaciones irregulares en las cárceles de Canelones y Rocha. A su vez, en otra oportunidad demandó al Ministerio del Interior por negarse a entregar información sobre la cantidad de detenciones efectuadas a adolescentes. Excepto la de Canelones, que fue abandonada, las demandas restantes aún están en curso.