Nacionales | 24 Ago “Comprendo el estado emocional”
El obispo de Salto, Pablo Galimberti, dijo comprender el “estado emocional” de las personas que resuelven tomar un arma para defenderse de la delincuencia, aunque por “regla general” no es partidario de que la gente se arme.
“Colocándome en la situación de quien ha sufrido diez asaltos en su negocio y ve que está un poco indefenso, comprendo el estado emocional. Ahora, reflexionando serenamente, no propondría como regla general ni como instrumento preventivo que le dijera a mi familia o a los vecinos del barrios vamos a armarnos”, expresó Galimberti. Por otra parte, se declaró en contra de bajar la edad de imputabilidad como propone el Partido Colorado y Unidad Nacional (UNA) y aseguró que no sumará su firma para que el asunto se plebiscite en el entendido que “no es una solución”. “Comprendo la idea de Bordaberry; tiene una doble finalidad, por una lado conseguir la baja y por otro, llamar la atención. Creo que está logrando que se instale el debate en la sociedad”, aseveró. Admitió que sigue el debate con “mucho interés” al tiempo que mostró su preocupación por los problemas en la recuperación y rehabilitación de los menores que cometieron delitos o faltas.
Equilibrar el valor de
la tierra con tributos
Para el senador frenteamplista Enrique Rubio el impuesto a propietarios de grandes extensiones de tierra busca combatir la concentración de campo en pocas manos, en función de que “hay un problema con los recursos naturales en América del Sur, fundamentalmente. Se están produciendo procesos de inversión que vienen de todas partes del mundo, de estados o de particulares, de enormes proporciones”.
Aseguró que el impuesto busca equilibrar la creciente valorización de las tierras con lo que se tributa por ella. “Esa valorización ha sido impresionante, por lo menos, en los últimos cinco años. Y no ha sido acompañada desde el punto de vista tributario. Entonces se ha producido una brecha que se entiende que es conveniente contribuir a salvar”.
Además, Rubio explicó que el Estado “debe ocuparse” e interceder porque “la tierra también es un bien natural y un bien social”. Y aún así calificó que este impuesto significa “una medida muy modesta” para “desestimular la concentración excesiva o muy importante de tierras en manos de personas”
Consultado respecto a por qué no se eligió el camino de ajustar en función de la ya existente ley de aforos dijo que “tendría un impacto de carácter general, afectando a todos los productores”. Y este tributo está íntegramente dirigido hacia “las concentraciones importantes de tierras y no sobre el resto de los productores, porque tienen un objetivo básicamente social”.
El senador Enrique Rubio, por otra parte, admitió que el proyecto de tributación deja un flanco importante sin cubrir, desde que si un grupo de inversiones arrienda extensiones de campo pequeños para siembra, que en conjunto sumen decenas de miles de hectáreas, no pagarán el nuevo tributo, siempre y cuando individualmente cada campo no supere las 2.000 hectáreas índice Coneat 100. “Puede suceder, no sé, tendríamos que pensarlo. Esto tiene que ser reglamentado”, admitió Rubio.
Una señal política
Recientemente el senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, opinó en referencia a este impuesto que eventualmente podría producir mayor concentración de tierras, en la medida que los productores afectados por este gravamen atraviesen malas etapas de producción y el impuesto, más la mala racha, provoque un endeudamiento tal que los incite a vender.
Pero Rubio evaluó que “es un impuesto muy modesto en la cantidad, en sus alícuotas, que son crecientes según la cantidad de tierras que se poseen. Y no tiene un impacto económico que sea muy significativo en términos cuantitativos”.
Por tanto, destacó, “se quiere dar una señal política en el sentido de decir que es importante que los uruguayos entendamos que la concentración de la tierra, en términos muy desarrollados, no es conveniente para el país”.
“Impuesto a prepo”
Desde el otro lado de la cuestión, la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay rechazaron de plano el proyecto y aseguraron que desde que Mujica tiró “la mala idea” del impuesto a la tierra, lo único que ha hecho es generar “incertidumbre”, cuando “lo importante y de lo que debemos preocuparnos es que desde 2006 para acá la ganadería no crece y la industria frigorífica no tiene animales para faenar”, según dijo Miguel Sanguinetti, presidente de la Federación Rural.
El dirigente destacó que este proyecto significa una “pérdida de confianza” en el gobierno, ya que “no fuimos consultados nunca y vemos que las cosas se están haciendo a prepo”.
Por otro lado, agregó que con el proyecto “hay un desconocimiento sobre lo que es la producción agropecuaria”, ya que por sus características recaerá en productores lecheros de menos de 2.000 hectáreas pero con alto índice de productividad.