Rurales | 23 Ago El proyecto de ley que aumenta la tributación a los campos de más de 2.000 hectáreas, fue firmado este lunes por todos los ministros que integran el Poder Ejecutivo y llegó al Parlamento en la misma jornada, de acuerdo a lo señalado tras el Consejo de Ministros por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Los secretarios de Estado que responden al liderazgo del vicepresidente Danilo Astori, Héctor Lescano (Turismo), Enrique Pintado (Transporte) y Fernando Lorenzo (Economía) aún no habían firmado la iniciativa que impulsó el propio presidente José Mujica.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) grava a los predios que superan las 2.000 hectáreas con un índice Coneat 100. La iniciativa se sustenta en la valorización que ha tenido a tierra en los últimos años y contribuirá a mejorar la infraestructura rural. El impuesto cuenta con una segunda parte que modifica el gravamen a la compra-venta de inmuebles, que generará fondos para el Instituto de Colonización (INC).
Los gravámenes previstos en el texto son de 67 Unidades Indexadas (UI) por hectárea (U$S 8 dólares) a los predios de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, de 100 UI por hectárea (U$S 12) a los predios entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y 135 UI (U$S 16) por hectárea a los extensiones mayores de 10.000 hectáreas.
Se estima que se recaudarán por este mecanismo unos U$S 60 millones, que se destinarán a reparar la caminería rural y las vías de acceso a establecimientos industriales y comerciales, informó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni. Frugoni añadió que la segunda parte del proyecto modifica los tributos a la compra-venta de inmuebles rurales. Estimó que por este mecanismo se recadarán unos U$S 20 millones adicionales, los cuales se destinarían a financiar proyectos del Instituto Nacional de Colonización. Explicó que los campos hasta 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 estarán exentos de este nuevo impuesto. Sin embargo existirá una “equivalencia” entre productividad y extensión del campo.
Si una propiedad rural tiene menos de 2.000 hectáreas pero presenta un índice de productividad superior a 100 también deberá pagar el impuesto. Frugoni aseguró que esto se debe a “que no es lo mismo la calidad de los suelos que su producción”.
Breccia relató que el presidente Mujica le transmitió a los ministros que este no es un proyecto para “votar a tapa cerrada”. Pese a esto, el secretario de Presidencia afirmó que el proyecto “contará con el apoyo unánime de la fuerza política” durante su tratamiento parlamentario.
Fisco disminuyó
Mientras el valor de la tierra aumentó notablemente en los últimos años el aporte que realiza el sector agropecuario al fisco disminuyó con relación a su producción, según la exposición de motivos del proyecto de ley que crea el ICIR.
De acuerdo al texto, el precio promedio de la hectárea en 1989 era de U$S 340, mientras que 20 años después el valor se elevó a U$S 3.114. De esa forma, la tierra se encareció nueve veces en términos nominales y, de descontarse los efectos de la inflación, se multiplicó por cuatro en términos reales. Sin embargo, los impuestos del sector agropecuario, que en 1999 representaban 9,7% de su Producto Bruto Interno (PBI), se redujeron a 7,1% en 2009. El factor que más incidió en la rebaja de la carga fiscal, según el texto que se propone convertirse en norma legal, fue la Contribución Inmobiliaria Rural, que en 1999 se situaba en 3,7% del PBI y que se redujo a 1,6% del PBI 10 años después.
Por otra parte, los motivos que fundamentan el proyecto de ley destaca que del total de propietarios de tierra únicamente serán sujetos imponibles del nuevo tributo 1.200 empresas o personas, que representan 2,5% del total. A su vez, señala que esa proporción de propietarios poseen el 36% de la superficie agropecuaria del país.