Opinion | 26 Ago A esta altura todavía resulta difícil decodificar en qué clave ha sido redactado el nuevo proyecto de ley que pretendería combatir las grandes concentraciones de tierra, desde que inicialmente el presidente lo justificó en que era para recaudar fondos para invertir en infraestructura de caminería, aunque es obvio que los 60 millones de dólares que se estima podrían alcanzarse no dan para mucho.
Acaso la explicación más cercana a la verdad radica en motivaciones político ideológicas, por cuanto con este proyecto por lo menos en apariencia se estaría cumpliendo con un viejo eslógan de la izquierda, el de sacar a los ricos para redistribuir entre los pobres.
Seguramente el presidente José Mujica por esta vía está complaciendo a sectores radicalizados que pedían “más izquierda” en el ejercicio del gobierno, por lo menos para salvar las apariencias, aunque en este caso la contrapartida de los magros beneficios económicos son los daños significativos que se podría ocasionar como mensaje a los potenciales inversores que se pretende captar, al demostrar que este gobierno es capaz de cambiar las reglas de juego sobre la marcha aún pasando sobre promesas realizadas públicamente por el mismo presidente.
Por lo pronto el presidente José Mujica sorprendió a todos cuando una de estas mañanas en cuanto se levantó dijo que iba aplicar el impuesto a las grandes extensiones de campo, y dijo (aunque más tarde reconoció que era solo un tema ideológico) que se necesitaban recursos para arreglar los caminos rurales porque “había aumentado la producción” y ahora para sacarla “los rompen más que antes”.
Pero olvidó mencionar que mientras tanto, durante todos estos años, el gobierno ha cobrado los impuestos correspondientes a cada exportación, como así también obtuvo su cuota parte por impuestos en cada venta de campo, los mismos que --como destaca el mismo presidente-- han multiplicado por diez su valor en tan solo una década y por lo tanto, las transacciones representan mucho más dinero para las arcas del Estado. También ha recaudado jugosos impuestos por insumos agropecuarios, combustibles, transportes, etcétera, por cuanto el Estado ha sido siempre el convidado de piedra del agro, quedándose con un buen porcentaje de la riqueza que se genera en el campo, principal motor de la economía nacional.
Es decir que cuanto más crecía el agro, más recursos extraía el Gobierno, pero a medida que aumentaba la recaudación, más se incrementaba el gasto público, con muy poco criterio, por cierto. Pero la “logística” a la que hace referencia el presidente, cuando expresa que estamos al borde del “colapso” nunca estuvo entre las prioridades al momento de distribuir lo recaudado del campo, y es así que no se tuvo en cuenta ni siquiera el mantenimiento de los caminos que resultan fundamentales para la salida de la riqueza, que paradójicamente sostiene la economía y la recaudación del Estado.
Si la plata fue bien gastada, eso es agua de otro costal. El problema es que de la misma forma en que se procedió con el campo, se hizo –y se sigue haciendo-- con la educación, o con la salud, por ejemplo.
En el primer caso, es sabido que el Estado ha volcado en los últimos cinco o seis años recursos como nunca a la educación. Lógicamente que todos queremos que nuestros niños y jóvenes reciban la mejor preparación, y es así que todos estamos de acuerdo en que se haga el esfuerzo para alcanzar la excelencia. Lamentablemente la porfiada realidad nos indica que no solo no han mejorado los niveles educativos de las nuevas generaciones, sino que según los datos objetivos obtenidos durante evaluaciones internacionales, estamos mucho peor que en 2006. Y como sucede con el campo, en este caso el 60% de la infraestructura edilicia de ANEP está al borde del colapso, en tanto se necesitarán millones de pesos en los próximos años para evitarlo, según declaraciones del consejero del Consejo Directivo Central (Codicen), Néstor Pereira, a Últimas Noticias.
El mismo dilema se da para la salud, que se traga cuantiosos recursos para financiar una reforma que no ha mejorado la calidad de atención, al menos como se esperaba. Sin ir más lejos el Hospital Escuela del Litoral, pese a tener 30 o 40 mil coberturas menos, presenta serias falencias en infraestructura por falta de inversión, mientras ni siquiera cumple con las exigencias que en cambio sí ASSE plantea al sector privado y las mutualistas, so pena de graves sanciones.
La raíz del problema, por lo tanto, es que se gasta mucho, pero olvidando invertir en lo básico, que es lo imprescindible para seguir funcionando. Con el campo pudo parecer hasta simpático para muchos que se le siga sacando a los “grandes terratenientes” para hacer lo que el Estado no hizo cuando debía, y ahora no tiene con qué hacerlo. Con la Educación, la Salud o lo que fuere, ya no es tan fácil encontrar un cabeza de turco que exprimir, sin pisar demasiados callos. Sería mejor que de una buena vez, antes de inventar nuevos destinos para los dineros que con tanto sacrificio “aporta” el pueblo y los sectores productivos, se considere invertir en infraestructura y en mantener lo que ya tenemos, para no encontrarnos con urgencias como estas.