Opinion | 02 Sep En la media tarde del miércoles, y durante más de una hora, vecinos de la zona Norte de la ciudad se vieron sorprendidos con la presencia inusual de al menos veinte policías, en el marco de un operativo de saturación dispuesto por la jefatura local, en cumplimiento de lineamientos del Ministerio del Interior, que hasta ahora los había implementado solo en Montevideo, en zonas críticas en materia de seguridad.
Para el jefe de Policía, inspector mayor (r) Roque Arámbula Leal, las actuaciones resultaron positivas, y destacó que en este operativo fue detenido un joven por desacato y se dispuso la ocupación preventiva de dos motocicletas carentes de documentación y chapa matrícula.
En su momento el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, manifestó que este tipo de operativos se realizarán en zonas donde haya “una situación preocupante sobre seguridad pública”, a la vez de considerar que “la reestructura interna del Ministerio del Interior y su política de combate a la delincuencia tienen como objetivo para este año la disminución de las rapiñas. Este es el mayor problema que sufren los uruguayos en cuanto a seguridad”.
El lanzar policías a estas acciones disuasivas se inscribe precisamente en las líneas de trabajo de la secretaría de Estado, que involucran actuar en la disuasión, la prevención y la represión para combatir la ola delictiva, que se da en todo el país aunque con mayor énfasis en los centros urbanos de mayor población. Pero desde hace años y en forma creciente este fenómeno incluso se ha ido extendiendo a las áreas rurales, en modalidades distintas como los abigeatos, que responden a una problemática muy vasta, por cierto, pero con el común denominador de una pérdida de valores en la sociedad. Ello se refleja además en la actuación de grupos de antisociales que se sienten o se saben impunes por la participación de menores, con el apoyo de mayores que los incluyen en sus bandas y los hacen responsables ante la justicia de los delitos, porque precisamente los menores están protegidos por las normas del Código del Menor y la Adolescencia.
Es sabido que en Paysandú existen barrios problemáticos, signados con mayor o menor asidero como refugio de delincuentes, donde también hay gente trabajadora, personas honestas, que sufren muchas veces también la violencia y las acciones delictivas de los antisociales que amedrentan a quienes allí residen.
Cuando efectivos policiales pretenden ingresar en algunos de estos barrios del suroeste o del norte de la ciudad, sufren pedreas y agresiones verbales de familiares o amigos de los delincuentes, quienes a menudo destrozan vehículos y pretenden evitar que se allanen escondrijos y lugares donde se “reduce” el producido de los robos, particularmente de motos.
Es así que se generan sectores de la ciudad que en los hechos pasan a ser tierra de nadie, que los delincuentes establecen como base de operaciones para cometer sus tropelías, donde también se juntan menores para apedrear a vehículos que pasan por el lugar, al amparo de su impunidad, sintiéndose seguros por esta defensa colectiva, en tanto es notorio que residentes de zonas cercanas sufren de continuo los robos y rapiñas de quienes de inmediato se fugan hacia el barrio en el que se sienten protegidos.
Por lo tanto, los operativos de “saturación”, resistidos naturalmente por los delincuentes y quienes los defienden por vía directa o indirecta invocando “derechos humanos” en forma genérica, son una medida de disuasión no solo absolutamente válida, sino necesaria, porque en un régimen democrático, con plena vigencia de las instituciones, están garantizados los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a los propios delincuentes, y seguramente en más de un caso los resultados de estas acciones son una medida eficaz de prevención de incursiones delictivas, con el mensaje implícito de que la impunidad tiene un límite.
En esta oportunidad el operativo comprendió la zona adyacente al barrio Paycap, que es asolada por delincuentes y barras que al amparo de un exceso de permisividad suelen reunirse —como en tantas otras áreas de la ciudad— para nada que valga la pena y por el contrario, ello constituye caldo de cultivo para la ingesta de alcohol, consumo de drogas y “raterías” en perjuicio del ciudadano común, en un país en el que suele confundirse la libertad con el derecho a hacer lo que se quiera, donde quiera y a la hora que se quiera, aunque se vulneren los derechos de los demás.
Y lejos de cuestionarse estas acciones preventivas, corresponde esperar que no se trate de una acción aislada, y que de la misma forma en que se genere una mayor presencia policial en las calles de la ciudad se incorporen más efectivos para el patrullaje, apuntando a que el ciudadano tenga respuestas tangibles a su fundado reclamo de más seguridad, por encima de la retórica y las expresiones de deseos que no siempre se traducen en hechos, lamentablemente.